El caso ocurrió el 7 de febrero de este año, dejó fallecidos y muchos empleados heridos.
Al respecto, habló el abogado Miguel Godoy, quien representa a varias familias, y aseguró que, pese a los informes de Criminalística y a los del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), el fiscal Gerardo Mosqueira no imputa, al parecer –dice– protegiendo a la empresa.
“Fueron violadas 22 normas”, dijo, y que eso era la base para una imputación por trabajo en estado de peligrosidad y homicidio culposo.
Sostuvo, además, que “hasta la fecha, el fiscal está dilatando, en consonancia con los intereses de la fábrica... Está defendiendo los intereses de la empresa”, afirmó.
Según el abogado, son “exagerados y sobradamente contundentes” los informes, donde se cita que los balones de oxígeno son ya de 1980, y tienen una reparación rudimentaria.
Estas garrafas tampoco tienen los logos donde debe indicar la fecha del mantenimiento. Dijo que –incluso– estos estaban expuestos al sol.
“Las tapas fueron soldadas de manera rudimentaria, lo cual es una actitud criminal, siendo que el amoniaco es sumamente peligroso y venenoso”, expuso.
Citó que la empresa cometió “negligencia, impericia, y falta del deber del cuidado”.
Según el fiscal, no eran contundentes los elementos de prueba, por lo que una vez ya lo recusaron, pero el abogado anunció nueva recusación.
NUEVO CASO. La fuga de ayer movilizó a una comitiva, liderada por la fiscala Ledesma. En la inspección se determinó que durante una recarga de tambores, el compuesto químico cayó a una canaleta.
Desde el Ministerio del Ambiente explicaron que al producirse la fuga y caer el químico al desagüe que va a la planta de tratamiento de efluentes, este pasó por el sector de lavandería, donde estaban los trabajadores, que, al inhalar, les afectó y fueron trasladados al Instituto de Previsión Social (IPS).
