En la lectura del fallo de la condena, la presidenta del Tribunal, la jueza Claudia Criscioni, cuestionó el trabajo de la Fiscalía, debido a que en la causa también debía ser investigada y procesada la esposa de RGD, ya que ella tenía que estar al tanto de todas las operaciones y movimientos de dinero de las cuentas bancarias, porque también estaban a su nombre.
“Se ha probado durante juicio, pero no fue objeto de investigación, que estas cuentas bancarias estaban a nombre de esta señora (Delcia) y que también este dinero pasó por la cuenta de ella. Entonces, el Ministerio Público también debe esclarecer los hechos”, afirmó la magistrada.
El Tribunal, además, sugirió la investigación de las actuaciones de Roberto Garcete, la persona que había realizado un préstamo de Ramón con un testigo que luego perdió su casa, y las actuaciones de la abogada Emma González, quien patrocinó a RGD en las 156 denuncias falsas contra sus víctimas ante la Fiscalía, “en donde se declaran hechos que no concuerdan con la realidad y se ha probado durante el juicio”.
Las juezas Criscioni, Yolanda Morel y Yolanda Portillo habían pedido también que se investiguen todas las actuaciones de los jueces y fiscales que atendieron las “denuncias falsas” de RGD contra sus víctimas, y que beneficiaron al clan González Daher. En ese sentido, las magistradas pidieron perdón a las víctimas de Ramón en nombre de la Justicia paraguaya, que operó de manera servil a beneficio de Ramón.
Las investigaciones de las actuaciones de los fiscales y jueces ya se iniciaron por parte del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Sin embargo, respecto a la investigación contra la esposa de RGD, Delcia Karjallo, y la abogada y sobrina de Ramón, Emma González, la Fiscalía aún no inició diligencia alguna, así como tampoco abrió una carpeta investigativa contra ellas.
Llaman la atención la pasividad y tranquilidad con que el Ministerio Público toma la sugerencia del Tribunal de Sentencia, teniendo en cuenta la envergadura del caso que dejó al descubierto un esquema corrupto de apriete y doble cobro que movió sumas millonarias por más de 20 años.
