Si bien, el voto femenino está vigente en Paraguay desde 1961, el acceso a cargos electivos es todavía una deuda. Las mujeres que finalmente logran llegar al Congreso, si no se alinean a la línea conservadora y patriarcal, deben enfrentar a un muro de hombres que actúan con violencia e impunidad.
Como le ocurrió a Kattya González, quien, si bien no responde a una agenda realmente progresista, igualmente causó el enojo de un sector ultraconservador que responde intereses de un poder económico que, contrariamente a debilitarse por presiones externas, tiende a fortalecerse internamente, de manera de formar un caparazón.
En cuanto a las mejores condiciones de trabajo, Paraguay todavía debe ratificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, por el cual reconoce el derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia y acoso por razones de género.
Internamente, existen otras herramientas jurídicas, empezando por la Constitución Nacional; pero, además, está la resolución N° 388 del Ministerio de Trabajo, que crea la Oficina de Atención para casos de Violencia, mobbing y acoso sexual, además de obligatoriedad de las empresas de contar con un protocolo de actuación ante las denuncias.
Sin embargo, no tiene capacidad de verificar su cumplimiento, lo que en realidad significa un desinterés estatal en corregir esta debilidad. Esto se pudo evidenciar de forma muy concreta en el caso de acoso en Canal 9, donde las trabajadoras que se solidarizaron con sus compañeras víctimas de violencia fueron hostigadas y perseguidas hasta el punto de ser despedidas ilegalmente y ser demandadas.
Aunque en el ámbito penal el caso fue avanzando en la obtención justicia para las seis víctimas, teniendo en cuenta que Granada irá a juicio, el Ministerio de Trabajo no activó los mecanismos de protección para que cesen los despidos de las mujeres que en algunas situaciones son hasta testigos en la investigación fiscal.
En cuanto a la igualdad, que es el punto de inflexión de todo lo anterior, está más amenazada que nunca. El sector conservador tiene una obsesión con eliminar el concepto género de todas las políticas públicas, contrariamente a lo que dictan los acuerdos internacionales ratificados por Paraguay.
En plena semana en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la Cámara de Diputados eliminó el concepto de género de la denominación de su comisión de Equidad Social y Género, con argumentos biologicistas que niegan el género como categoría de análisis científico de las desigualdades que sufren las mujeres y diversidades.
Los cartistas ni siquiera admitieron dejar el nombre en Equidad Social e Igualdad de Oportunidades entre las Personas, sino que lo redujeron a mujeres y hombres en un lamentable debate.
Pero no es una sorpresa; sigue vigente la resolución Riera del 2017, que prohíbe la difusión de materiales sobre teoría de género en instituciones educativas, una decisión que influyó en el dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, (Cedaw) que advirtió ese mismo año una regresión en la promoción de la igualdad de género.
Los países presentan este informe cada cuatro años, pero Paraguay no lo presenta desde el 2017. Aunque en el 2021 los ministerios iniciaron las gestiones para elaborar el documento, nunca lo entregaron, como si quisieran esconder lo que pasa en el país, porque evidentemente esperan una evaluación negativa.
En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil tienen el gran desafío de contrarrestar las regresiones de derechos.
