La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Derechos Humanos por la abogada Olga Paredes, quien fue la que se llevó la peor parte en la caída por las escaleras del Palacio de Justicia, el pasado lunes 31 de marzo.
Ella estaba detrás de Efraín Alegre (hijo), quien había sido empujado por los policías que impidieron que manifestantes realicen un acto en la explanada del Palacio de Justicia, en memoria de Rodrigo Quintana, cuya muerte está siendo juzgada.
El grupo de aproximadamente 25 personas intentaban subir por la escalinata del edificio, donde se tenía previsto hacer una representación artística con una breve declamación de una poesía.
Sin embargo, la Policía formó un cordón de seguridad, con aproximadamente 200 efectivos policiales.
El comisario Mario Ovelar informó que recibió instrucciones de impedir el acceso y que una acordada de la Corte la respaldaba.
“Ante esa negativa inesperada, dada la naturaleza pacífica y simbólica de la acción, las personas manifestaron su desconcierto”, dice la denuncia presentada.
De igual manera, legisladores de la oposición, abogados y militantes del Partido Liberal pidieron entrar y entregar una nota en la que se solicitaba la transmisión pública del juicio oral por el asesinato de Rodrigo Quintana. También se quería presentar antecedentes documentales sobre el caso, como libros y fotografías al Museo de la Justicia y Archivo del Terror, pero esto tampoco se permitió.
Allí comenzó un forcejeo entre manifestantes y efectivos policiales y terminó con empujones y la caída de Alegre y Paredes. Esta última se llevó la peor parte, ya que quedó con una lesión en el tobillo.
DERECHOS HUMANOS. “Estamos ante una situación grave que está en manos de la Fiscalía de Derechos Humanos hacer que esto llegue a las instancias correspondientes”, sostuvo el abogado Felino Amarilla, quien acompañó la denuncia. Dijo que en Paraguay ya no rige el Estado de derecho, que “la Corte Suprema de Justicia está sometida al poder político y que la voluntad política es la justicia en el Paraguay”.
La denuncia es por lesión grave, coacción grave, lesiones en el ejercicio de funciones públicas, violencia contra la mujer y falsificación de documentos. Dijo que los policías impidieron el paso por un pedido de la Corte. “Alguien dio la orden, al igual que alguien dio la orden para matar a Rodrigo Quintana. Acá se lo quiere castigar al que mató a Rodrigo Quintana, pero nadie sabe por qué se lo mató; a nadie le interesa, porque ahí está el poder político”, finalizó el abogado.
