Este lunes venció el plazo para que el Ejecutivo vete el proyecto de ley que amplía por un año el mandato de intendentes y concejales de las diversas municipalidades del país. La normativa quedó promulgada y podría implicar un importante gasto para el erario público.
Durante su presencia en Santa Rita, Alto Paraná, Mario Abdo Benítez fue consultado sobre la promulgación automática de la ley que permitirá a las administraciones de las autoridades municipales electas en las elecciones del año 2021 ser prorrogadas hasta el año 2026.
El titular del Ejecutivo justificó que no vetó la propuesta, ya que, de haberla objetado, el Congreso, probablemente, se ratificaría en su decisión. Dijo que no desea enfrentarse al Poder Legislativo.
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“El Congreso, donde están todas las fuerzas representativas del país, aprobó esa ley. Yo no puedo estar enfrentándome cada rato con el Legislativo. Hace poco veté lo de los ex obreros, que sí es una responsabilidad del Ejecutivo. Si vetaba esta ley, donde tenemos responsabilidad compartida, ellos lo iban a rechazar. Ahora debo abocarme al Presupuesto General de la Nación”, dijo el mandatario.
La propuesta de ley había sido planteada debido a que el periodo municipal 2015-2020 fue extendido hasta el año 2021 ante la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, por lo que intendentes y concejales estuvieron seis años en sus cargos.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la normativa el pasado 29 de setiembre, cuando varios parlamentarios se mostraron en contra. Kattya González, de Encuentro Nacional, por ejemplo, señaló que constituye un atropello a la Constitución Nacional y las leyes.
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En tanto, otros legisladores de la bancada cartista y otros liberales se mostraron a favor y recordaron el artículo 250 del Código Electoral, donde se prevé que las autoridades municipales deben cumplir un periodo de cinco años.
Posteriormente, el 3 de noviembre pasado, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley con 24 votos a favor, mientras que 12 senadores votaron por el rechazo, uno se abstuvo y ocho estuvieron ausentes.
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se pronunciaron en contra de la ley, señalando que esto implicaría una gran inversión del Estado, puesto que se realizarían elecciones tres años consecutivos. Además, se mencionaba que las campañas electorales no van a parar, por lo que se someterá a la ciudadanía a periodos muy continuos.
