Elías Cabral |ÚH| Canindeyú.
El agente fiscal Carlos Almada, de Salto del Guairá, quien fue designado para investigar las presuntas irregularidades, informó que los técnicos de la Fiscalía volverán a verificar las obras, cuyo resultado cotejará con los informes de la Contraloría General de la República (CGR).
Este órgano había ya constatado varias irregularidades en su ejecución, para posteriormente tomar una determinación, que podría ser la imputación del jefe comunal.
El informe final de los técnicos de la CGR reveló que la administración de Brítez pagó montos superiores a los manejados en el mercado, de acuerdo a las obras ejecutadas, mostrando diferencias abismales y violando normas establecidas en la administración financiera del Estado, del régimen de obra pública y de contrataciones públicas, que van en contra de los intereses de la comuna.
Solamente en el Ítem 2.1 de las obras verificadas, que refieren a las construcciones de aulas, tinglados, empedrados, cercados perimetrales, muros y refacciones varias en instituciones públicas, se certificaron que los trabajos no estaban acordes a las obras ejecutadas y, además, por ello se abonó una suma millonaria contra los intereses del municipio: unos G. 97.310.380.
Entre las recomendaciones de la CGR figuran las acciones que se llevarán a cabo para recuperar dicho monto a favor del municipio, determinar la responsabilidad y, en caso de determinarse, iniciar los procesos administrativos para los responsables, y, en consecuencia, promover acciones civiles o penales, incluso dando participación a la Procuraduría General de la República.
En el mismo informe, se detectó además que, por incumplimiento de los artículos de penalización por atrasos en varias obras, la Municipalidad de Katueté dejó de percibir G. 55.948.211, siendo este otro hecho irregular.
Además de un daño patrimonial importante contra la institución, se pudo notar que los trabajos no estaban siendo desarrollados acorde a las especificaciones técnicas, lo que puso en riesgo la seguridad de las obras.
Igualmente, según la Contraloría, varias obras de reparación de instituciones educativas de la zona fueron aplicadas sin autorización del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Los denunciantes, ex concejales municipales de dicho municipio, aguardan que el intendente Julio César Brítez sea procesado, debido a que la comuna malgastó alrededor de G. 1.300 millones del Fonacide solo en el 2015, según informes del ente contralor.
