EFE
“No podemos desconocer el tamaño de la manifestación”, declaró el jefe del grupo oficialista en el Congreso, José Pimentel, sobre las manifestaciones, consideradas las mayores en la historia del país y que movilizaron al menos a 3,6 millones de personas en cientos de ciudades para exigir la destitución de la mandataria.
Pimentel participó hoy en una reunión convocada por Rousseff con siete de sus ministros y algunos legisladores oficialistas para analizar el impacto de las protestas, de las que este domingo el Gobierno se limitó a reconocer su “carácter pacífico”.
El legislador explicó a periodistas que una de las decisiones adoptadas es que la base parlamentaria oficialista debe promover un amplio diálogo para impedir que el proceso contra Rousseff prospere.
“Tenemos que conversar y escuchar mucho” y eso debe hacerse con “todos” los partidos políticos, incluidos los de oposición, que son los que alientan el proceso contra la mandataria, afirmó Pimentel.
La oposición, por su parte, sostuvo que el mensaje enviado desde las calles es “clarísimo”.
Los brasileños “han dicho que quieren que este Gobierno acabe”, declaró Antonio Imbassahy, jefe del grupo del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSBD) en la Cámara de Diputados.
“Las calles enviaron un claro recado y ahora el Congreso debe atender el llamado y acelerar el proceso” contra Rousseff, dijo el diputado, quien aseguró que “los brasileños estarán ahora mucho más atentos y no le darán otra oportunidad a los parlamentarios que se nieguen a escuchar su voz”.
El proceso con miras a la posible destitución de Rousseff comenzó el año pasado, pero fue interrumpido en diciembre por una decisión de la Corte Suprema, que detectó “errores de procedimiento” en los trámites.
La mesa directora de la Cámara de Diputados, responsable por el desarrollo del proceso, pidió algunas aclaraciones que el tribunal tiene previsto responder el próximo miércoles, con lo que quedaría despejado el camino para el reinicio del trámite.
El presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, ha anticipado que su intención es que el proceso sea retomado el mismo jueves, un día después de que la Corte Suprema se pronuncie.
“Intentaremos que sea así”, dijo Cunha, quien forma parte de las alas disidentes del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que también se han posicionado a favor del juicio político contra Rousseff.
El PMDB es liderado por el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria en caso de una destitución de la mandataria, y este sábado, en una convención nacional, las facciones más díscolas reclamaron que el partido rompa con el Gobierno y pase a apoyar los intentos de la oposición por ponerle fin al mandato de Rousseff.
Sin embargo, el PMDB, la fuerza política más importante del país, acordó postergar esa definición por un plazo de 30 días, en el que aclaró que los afiliados al partido no podrán asumir nuevos cargos en el Gobierno.
El titular de la cartera de Salud, Marcelo Castro, uno de los siete ministros del PMDB que pudieran verse obligados a dimitir si el partido rompe con Rousseff, minimizó hoy esa posibilidad en una entrevista con Efe.
Castro admitió que “en el PMDB hay ideas divergentes”, por lo que predijo que el debate interno durante los próximos 30 días “será muy fuerte”.
Sin embargo, declaró que el partido no debe separarse de un Gobierno “que ayudó a elegir” y del que participa en forma “activa” y con “convicción” política y programática.
Aún así, el ministro reconoció que el PMDB “tiene un grupo fuerte en la Cámara de Diputados que está en contra del Gobierno y a favor del juicio político”, pero garantizó que también “existe otro grupo mayoritario” que apoya a Rousseff.
También sostuvo que “no hay motivos” concretos para un juicio contra Rousseff, que, en su opinión, el PMDB deberá rechazar en un Parlamento en el que representa la segunda minoría en la Cámara de Diputados y la primera en el Senado, por lo que sus votos serán claves en un eventual proceso contra la mandataria.
