“La señora jueza ha ordenado que el imputado reciba cinco meses de terapia psicológica. El Ministerio Público no está de acuerdo con esa decisión”, declaró la fiscal del caso, Jéssica Echeverría, a los medios locales.
La fiscal explicó que en la audiencia de medidas cautelares presentó un certificado que acredita 12 días de impedimento de la víctima, debido a los golpes que recibió, y en este tiempo se asumió una posición de resguardo pese a que ella presentó el desistimiento de su denuncia.
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Tras la decisión judicial, la Fiscalía anunció la apelación respectiva “para garantizar la protección de la víctima”, dijo Echeverría. Añadió que “no es la primera vez” que la mujer fue víctima de “violencia física y psicológica” de Arce Mosqueira, por lo que considera que “se vio presionada” para abandonar la denuncia.
La Fiscalía General del Estado detuvo ayer al hijo del mandatario, un mes después de que se emitiera la orden de aprehensión en su contra el 20 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz (este).
Ese mismo día, el presidente Arce expresó en X que: “toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”.
También aclaró que su postura respecto a estos temas se da “más allá” de su condición de presidente de Bolivia, sino “como padre que respeta las leyes” del país.
Luis Marcelo Arce Mosqueira fue también denunciado hace unos años por el diputado Héctor Arce, leal al expresidente Evo Morales (2006-2019), por supuestamente fungir como intermediario entre el Estado y las empresas que se disputaban proyectos de litio, sin ser funcionario público, con base en una grabación que se difundió.
La Fiscalía admitió la denuncia por este caso en octubre de 2023, pero en abril de 2024 la rechazó al considerar que el audio no podía tomarse como prueba y que Luis Marcelo Arce Mosqueira no formaba parte de la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB).
Sin embargo, estas dos no son las únicas denuncias contra los hijos del presidente, sino que hay un proceso que involucra a sus otros dos hijos.
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El caso que llamó la atención se conoció hace un par de meses, a través de la plataforma periodística Conectas, y relaciona al hijo menor del mandatario, Rafael Ernesto, con la compra de un terreno de más de 2.100 hectáreas por 3,3 millones de dólares en 2021, cuando tenía 25 años.
La propiedad está destinada a la producción de maíz y soya en el departamento oriental de Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia.
Poco después se supo que dicha transacción no fue la única, ya que Rafael Ernesto, junto a su hermana Camila Arce Mosqueira, de veinte años en ese entonces, consiguieron préstamos por 9,1 millones de dólares, realizados en seis operaciones con una misma entidad bancaria en octubre de 2021.
Por este último caso, la Fiscalía reabrió a finales de julio de este año una investigación que había sido cerrada a mediados de 2024.
A esto se suma que recientemente se denunció al presidente Arce por abandono a una mujer embarazada, una exalta funcionaria estatal con la que presuntamente tuvo un hijo y que según la denunciante, el jefe de Estado se negó a reconocer.
Fuente: EFE.
