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Nacional
miércoles 10 de mayo de 2017, 11:13

Suboficial niega haber entregado balas que mataron a Rodrigo

El suboficial investigado por la Fiscalía por supuestamente haber entregado las balas que asesinaron al joven Rodrigo Quintana niega el hecho.

Para la fiscala Raquel Fernández, fue el suboficial Gabriel González, quien presta servicios en la Comisaría 16ª Metropolitana, la persona que entregó las balas de plomo a Gustavo Florentín, quien de acuerdo con las investigaciones fue el que disparó contra el joven Rodrigo Quintana.

González aseguró al Ministerio Público y a la prensa que jamás entregó balas a su camarada, a quien ni siquiera conoce. Tras las movilizaciones en el microcentro de Asunción, llegó en las inmediaciones del PLRA por pedido de auxilio de personas que supuestamente estaban siendo atacadas por manifestantes, pero nunca ingresó al edificio.

En el trayecto levantó la escopeta que se había caído de su compañero, pero no llegó a utilizarla; tampoco su arma reglamentaria, una Glock de 9 mm.

Un video muestra una proximidad entre ambos uniformados, lo que sirvió a la Fiscalía para sostener su hipótesis.

A su vez, Guillermo Duarte, abogado del Partido Liberal, critica que el suboficial haya sido citado por la Fiscalía en calidad de testigo, siendo que la agente sostiene que fue el responsable de entregar las balas de metal.

También insiste en que los policías que atropellaron la sede partidaria en realidad buscaban a Efraín Alegre. Asegura que siguieron su vehículo y atacaron el PLRA pensando que el dirigente se encontraba en el interior, según el informe de Telefuturo.

Por su parte, los representantes legales de los padres de Rodrigo Quintana plantearon la querella en contra del ex subjefe del Departamento de Investigación de Delitos, comisario Tomás Paredes Palma, por homicidio en carácter de instigador y omisión de auxilio; al suboficial Gustavo Florentín, por homicidio doloso y omisión de auxilio, y a Arnaldo Andrés Báez, por cómplice de homicidio y autor directo de omisión de auxilio. El juez Humberto Otazú había admitido la querella adhesiva.