Elías Cabral | Canindeyú
Uno de los casos fue denunciado por Ismael Portillo, dirigente de la comunidad Tekojha Poty Pyajhu, ubicado en Brítez Cué, distrito de Yby Pytá en Canindeyú.
Portillo refirió que decidió presentar la denuncia el pasado 3 de junio en la Fiscalía de Curuguaty porque sus tierras están siendo destruidas pero, en contrapartida, no existe ningún beneficio a la comunidad. Cuestionó que hasta la fecha el Ministerio Público aún no haya realizado ninguna intervención.
El dirigente aseguró que varias hectáreas fueron transformadas para la siembra de cultivo en la comunidad, algo que está prohibido ya que las tierras indígenas son consideradas como reserva natural, es más, dijo que el inmueble se encuentra a pocos kilómetros de la reserva natural Mbaracayú, donde fluyen los cauces hídricos amenazados por los agroquímicos.
Finalmente, Portillo dijo que si las autoridades judiciales no intervienen, la próxima semana visitará la oficina de las Naciones Unidas en Paraguay a fin de denunciar la situación.
Líder dice que es la única opción
Por su parte, Santiago Benítez, líder de la comunidad, refirió que no encuentran otra salida que utilizar para estos cultivos las tierras que se les ha dado, ya que el Gobierno no brinda ninguna clase de ayuda y las familias pasan muchas necesidades.
“No ven como estamos, no tenemos casa, cama, no comemos, pasamos necesidades, nosotros no tenemos nada y para no ir a molestar a las instituciones hacemos este trabajo”, indicó.
Benítez fue tajante y precisó que seguirán realizando los trabajos de mecanización a menos que el Gobierno ofrezca otra opción al sector.
El fiscal medioambiental de Curuguaty, Jorge Romero, anunció que en los próximos días se constituirá en el lugar junto con representantes del Instituto Forestal Nacional (Infona) para constatar la situación.
Dijo que está prohibido el alquiler de las tierras indígenas, pero existen otras formas permitidas en que los indígenas pueden aprovechar sus tierras dentro del marco de la ley.
