Hay acontecimientos en la escena nacional que pueden marcar hitos de análisis para entender hacia dónde va la cosa. Los últimos hechos políticos que cobraron notoriedad pública y que directa e indirectamente involucran al poder central llaman la atención y alertan. Lo que ocurre con Paraguayo Cubas, todo el fraude que envuelve a la intención colorada de la enmienda constitucional para la reelección del presidente Horacio Cartes, y la alharaca de la dirigencia colorada sobre unas conversaciones de Whatsapp de legisladores opositores, donde alegan, con causa ya abierta en la Fiscalía, que se urde un complot para eliminar a Cartes o hacerle un golpe; son asuntos de alta carga de amenaza para cualquier institución o proceso democrático. Y cuando se producen desde el Estado o algún agente público, aunque sea indirecto, nos coloca ante un espejo de prácticas dictatoriales.
Paraguayo Cubas (antes cartista, ahora anticartista) y un grupo, hace menos de una semana, fueron brutalmente reprimidos y llevados presos, sufriendo varios estados de maltrato en poder de la Policía. El delito, pintar consignas contra el fiscal general, Javier Díaz Verón. Ya están imputados. En el proceso, violentaron garantías legales y lesionaron sus DDHH.
Los colorados y su principal dirigencia son responsables de falsificar centenares de documentos –firmando por muertos y otros actos delincuenciales– y pedir con ellos al Tribunal Superior de Justicia Electoral la enmienda constitucional para la reelección presidencial. La Fiscalía dice que investiga. No hay un solo sospechoso, ni por asomo.
El abogado colorado, asesor jurídico de Yacyretá, Luis Canillas, denuncia un complot contra el presidente alegando conversaciones de legisladores en una red de mensajería. En concreto, una presunta chanza de la senadora Desirée Masi al presidente del Parlamento, Robert Acevedo, hablando de un sicario y su hartazgo de Cartes. La Fiscalía lo cita, pero Canillas no se presenta, sino va a la sede del Partido a entregar supuestas nuevas conversaciones. El oficialismo prepara con base en ello una serie de acciones para tumbar al titular del Parlamento (a principios de marzo). Coincidentemente, Acevedo es un escollo para ellos: había anunciado que no admitiría un nuevo pedido de enmienda constitucional, ya que fue tratado y rechazado hace menos de un año, como manda la Constitución.
Como se ve, la Fiscalía aparece en todo este entuerto; también el Partido Colorado a través de sus políticos y el presidente Cartes, como permanente nubarrón de fondo.
El abuso de poder siempre tiene un arraigo autoritario; y cuando se lo ejecuta a través del Estado, es un acto de dictadura.
