31 jul. 2025

Serpaj pide investigar supuesto asesinato de campesino en manos de FTC

A través de una nota remitida a distintas instituciones estatales, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) pide una exhaustiva investigación de la muerte del campesino Julián Ojeda, quien falleció el 18 de diciembre del 2015 en un procedimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la zona norte del país.

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La Fuerza de Tarea Conjunta fue creada por el gobierno de Horacio Cartes.| Foto: Archivo ÚH.

El hecho se registró en la estancia Nueva Fortuna, ubicada en el municipio de Azotey, departamento de Concepción, zona donde se produjeron varias acciones violentas del grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguay (EPP).

Una comitiva del Serpaj se trasladó hasta el sitio para conocer la versión de familiares, allegados y pobladores sobre la muerte de Julián Ojeda, agricultor de 49 años que cayó herido tras un enfrentamiento, según el informe oficial.

“En el lugar se pudo recabar información que refuerza la tesis que contradice la versión oficial sobre los hechos, por lo que existen serias dudas con relación al posible enfrentamiento referido por las autoridades, y suficientes elementos que confirmarían actuaciones que constituirían violaciones de derechos humanos”, señala el comunicado de la organización.

“Frente a hechos de semejante gravedad es impostergable que el Estado Paraguayo realice una exhaustiva investigación de los mismos, a fin de poder descartar o confirmar las eventuales violaciones de derechos humanos que se pudieron cometer en el procedimiento de las Fuerzas de Tareas Conjuntas, sobre todo considerando las evidentes contradicciones entre las versiones brindadas por los familiares de las víctimas y la versión oficial”, afirma la carta.

Teniendo en cuenta lo señalado, solicitamos respetuosamente su intervención a fin de arbitrar los mecanismos necesarios para que se realicen las investigaciones pertinentes en todos los ámbitos necesarios, penales y administrativos, en búsqueda de la verdad real sobre lo acontecido en el lugar, a los efectos de que el Estado Paraguayo deslinde las responsabilidades necesarias, y en su caso sancione a los eventuales responsables de estas violaciones”, añade.

La misiva fue entregada a: Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Comisión Permanente del Congreso Nacional, Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía.

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