Con 24 votos en contra del veto y 13 a favor quedó rechazado el decreto firmado por el presidente Horacio Cartes referente al proyecto de ley N° 5805/2017, “que declara de interés social y expropia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a los fines de la reforma agraria, para ser transferidos a sus actuales ocupantes varias fincas de la Colonia Guahory”.
El artículo 209 de la Constitución Nacional establece que si las Cámaras disintieran sobre el rechazo total, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de ese año, es decir, quedará vigente el veto. Se necesita que ambas cámaras legislativas estén de acuerdo.
El senador colorado Juan Darío Monges, quien firmó por el dictamen a favor del veto por la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que el Ejecutivo ya planteó soluciones alternativas para resolver la problemática en el lugar.
Mientras que su colega del Frente Guasu, Carlos Filizzola, de la misma comisión, dijo que una minoría está en contra del veto total. Explicó que el pedido de expropiación de los campesinos responde a una cuestión de injusticia que se realizó en Guahory.
Señaló que con ese documento se pretendía que el Indert realice los estudios correspondientes para buscar la mejor forma de resolver el conflicto y beneficiar a los labriegos que fueron desalojados en forma violenta del lugar.
Por su parte, el senador Sixto Pereira, por la comisión de Reforma Agraria, dijo que es un despropósito querer trasladar a campesinos que están arraigados en el sitio desde hace 20 años.
VETO Y CONFLICTO. El decreto del Poder Ejecutivo se basó en informes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) que avalan la legalidad de los títulos presentados por los colonos, a pesar de que algunos de ellos son brasileños. Ello debido a que la anterior legislación permitía dicha situación.
Dicho informe técnico menciona que en la Colonia Guahory, 7 de los 74 títulos expedidos fueron otorgados a personas de nacionalidad brasileña, pero bajo la vigencia del anterior estatuto (Ley N° 854/1963).
Un fuerte conflicto se genera en la zona. El año pasado, los campesinos fueron desalojados brutalmente de la comunidad. Los efectos que causaron ese hecho se analizaron en los aspectos económicos, sociológicos e inclusive sicológicos, especialmente en los niños que fueron víctimas del desalojo.
Para paliar la situación, el Indert propuso la reubicación en otras colonias de las familias que se encontraban ocupando los inmuebles de forma irregular y la posibilidad de adquirir alguna propiedad en la zona.
Esta alternativa fue rechazada por representantes de la comunidad, que solicitaban la anulación de los títulos y la asignación de esas parcelas a los integrantes de dicha comisión.
Hasta ahora se ha reubicado a veinticinco familias en lotes de las Colonias Guahory y San Sebastián que han sido revertidos administrativamente de manos de personas no sujetas a la reforma agraria o que no habían satisfecho las obligaciones establecidas en el Artículo 48 del Estatuto Agrario: “construir su vivienda en el plazo máximo de 6 meses”.
Además, se propuso la reubicación del resto de las familias en unas 1.274 has., con una superficie agrológicamente útil (SAU) de unas 1.180 has., en colonias distantes a no más de 10 km de la zona Guahory.
