La mujer, cuya identidad se resguarda, explicó a Última Hora que el caso se remonta al año 2013 cuando el menor cursaba el séptimo grado, es decir, iniciaba el tercer ciclo. Este nuevo periodo escolar implicó ciertos cambios, entre ellos, el traslado de pabellón con alumnos de cursos superiores.
En el nuevo sector eran sometidos a reglas que debían ser cumplidas a cabalidad, ya que eran amenazados con ser golpeados o humillados públicamente.
Las normas que, supuestamente, se encontraban establecidas implicaban la prohibición de portar gorras, relojes, bufandas, lentes y hablar con niñas. Además, eran privados de permanecer en zonas específicas del patio, quedando así marginados en un rincón del predio educativo.
Según refirió, el primer llamado de atención que la puso en alerta fue precisamente durante el intercolegial de ese año. El niño le había manifestado que eran prácticamente obligados a asistir a la hinchada, esto pese a que en las reglas del centro educativo no se establecía la obligatoriedad de la asistencia.
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Tras el hecho, tomó la determinación de expresar sus inquietudes ante la dirección, donde asegura que hicieron caso omiso a sus reclamos. Comentó que, a pesar de haber individualizado a los presuntos agresores, la institución no aplicó ningún tipo de sanción.
Indicó que, con el paso de los meses, la situación psicológica de su hijo empeoró a tal punto que percibía ser vigilado en las noches por sus agresores, a través de la ventana de su dormitorio.
Las constantes perturbaciones derivaron en que el menor sea sometido a un tratamiento. A raíz de ello, los padres de la víctima decidieron optar por otro centro educativo.
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La madre lamentó el manejo de las autoridades del colegio, quienes, aseguró, se encuentran al tanto de lo que ocurre dentro, pero deciden apañar la conducta violenta de algunos de sus estudiantes.
El primer caso
Los presuntos responsables fueron sancionados con una suspensión de 10 días, medida que fue repudiada por los padres del joven agredido.
La directora escolar, Margarita Garcete, había manifestado que la expulsión dependía del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), lo que fue desmentido por Sonia Escauriza, directora de la Niñez y la Adolescencia de la cartera educativa.
Escauriza explicó, en contacto con radio Monumental 1080 AM, que la institución educativa es la única que cuenta con plena potestad de cancelar la matrícula de los estudiantes. No obstante, el MEC se encarga de ofrecer a los padres alternativas para que el alumno termine el ciclo estudiantil.
La identidad de las víctimas se omite en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima o supuesto autor de hechos punibles.
