Finalmente, está confirmada la convocatoria a sesión extraordinaria el próximo martes 30, a las 10.00, para proseguir con el juicio al ministro de la Corte, Sindulfo Blanco.
Ayer, el titular del Congreso, Roberto Acevedo, firmó la resolución correspondiente, y todo dependerá del cuórum para que los abogados puedan ejercer su defensa. Deben estar presentes 23 senadores.
Lo cierto y lo concreto es que al menos hasta el momento todavía no se tienen los 30 votos para una eventual condena, tanto a Blanco como para los ministros Óscar Bajac y César Garay, quien también están en la lista de espera.
El pasado 6 de abril de este año, se había presentado el libelo acusatorio en la Cámara Alta por parte de los fiscales acusadores, los diputados Ramón Romero Roa y Miguel Ángel del Puerto.
En total se presentaron 9 causales contra Blanco, que a decir de varios legisladores serían más que contundentes para su condena y destitución.
Veinte días después, el 26 del mismo mes, se había programado la convocatoria para escuchar a la defensa, sin embargo no hubo cuórum.
Se dio un segundo intento el 17 de mayo pero no hubo caso, y los defensores del ministro hasta presentaron un pedido de nulidad para que el juicio quede sin efecto.
Los abogados de Blanco son Horacio Galeano Perrone, Jorge Bogarín González, Bettina Legal, Richard Rojas, Juan Manuel Bogarín Ayala, y el propio hijo del ministro Ariel Sindulfo Blanco Amarilla.
sus pecados. En la lista de las acusaciones contra Blanco figuran la pérdida de la honorabilidad. Se le cuestiona que el ministro haya mentido para acceder al cargo y confesó el hecho posteriormente en una entrevista radial.
También se agregan fallos contra la Constitución y el interés general, y que Blanco cometió mal desempeño de funciones favoreciendo a empresas en forma inadecuada al permitirles introducir productos con tripolifosfato de sodio, que es altamente nocivo para el medioambiente.
Además, la declaración de certeza constitucional, considerada improcedente; así como compra y venta de tierras públicas, correspondientes a la reforma agraria, que luego transfirió a su esposa.
Se le acusa de ignorancia de la ley y la remoción del juez Atilio Saguier por congelar “maliciosamente” una acción de inconstitucionalidad.
Otra cuestión que se incluye son maniobras para impedir la intervención de la Contraloría en el control de gastos del Poder Judicial.
