EFE
Las víctimas fueron seis policías y once campesinos. Hay once campesinos procesados por la muerte de los policías, mientras que no hay ningún imputado por el fallecimiento de los labriegos.
Torres integraba el comando a las órdenes del comisario Erven Lovera que el 15 de junio de 2012 ingresó en una finca del distrito de Curuguaty (este) para expulsar a los campesinos que la ocupaban para exigir que formara parte de la reforma agraria estatal.
El policía explicó que Lovera, que murió durante el operativo, fue el primero en ingresar al recinto, y que uno de los campesinos le agredió con un machete, pero el comisario pudo esquivar el ataque.
Torres declaró en el juicio, comenzado hoy hace exactamente seis meses, que fue este mismo campesino, que según sus palabras vestía una camisa roja, quien efectuó el primer disparo.
Sin embargo reconoció desconocer de qué lado llegó el proyectil, y que inmediatamente se echó a tierra para protegerse.
Además de Torres, también prestaron declaración los policías José Luis González, Edgar Ramírez, Ever Riquelme, Mariano Ojeda y Francisco Javier Casco, todos ellos participantes en el operativo a las órdenes de Lovera.
A medida que prestaban testimonio los policías, se exhibieron en el juicio las pruebas solicitadas por los abogados defensores, como armas blancas, armas de fuego e indumentarias de los agentes policiales como escudos o cascos.
En sus declaraciones, los testigos coincidieron en algunos detalles, como la presencia de proyectiles puntiagudos y clavos desperdigados por el suelo de la finca ocupada, lo que obligó a los efectivos policiales a descender de los furgones y acercarse a pie hasta los campesinos.
Los testigos también fueron indagados acerca de si la comitiva fiscal que acompañaba a los efectivos policiales, presidida por la fiscal Ninfa Aguilar, disponía de una orden de desalojo, si la leyó en algún momento a los campesinos, y si lo hizo en español o en guaraní.
La lengua guaraní, cooficial en Paraguay junto con el español, es el idioma de uso mayoritario en zonas rurales del país y la utilizada en el juicio tanto por los campesinos acusados, como por sus abogados, los testigos, los fiscales y los miembros del tribunal.
La que se conoce como masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y ahora gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo, quien fue destituido una semana después en un juicio parlamentario que duró 24 horas.
Organizaciones internacionales como Mercosur, Unasur y la OEA alertaron de “irregularidades” cometidas durante el proceso de destitución. Y una decena de países de la región retiró a sus embajadores de Paraguay en protesta.
Jalil Rachid, el fiscal que dirigió la investigación sobre el caso, asumió la semana pasada como viceministro de Seguridad, lo que provocó el rechazo de varias organizaciones sociales que temen que este nombramiento comprometa la independencia de las declaraciones de los testigos policiales.
