El pedido se realizó a través de una nota dirigida al fiscal general Javier Díaz Verón, a quien solicitan que acompañe la investigación de los hechos. El representante del Ministerio Público también había sido denunciado ante la Policía por los aborígenes.
Sobre la situación de los nativos, el abogado defensor de los indígenas, Nelson Martínez, dijo que la primera medida que adoptó el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) fue la de asistir de forma urgente a unos 70 pobladores de la comunidad, entre ellos 27 niños, que llegaron hasta la capital protestando sobre lo ocurrido con sus viviendas semanas atrás.
La segunda medida, según explicó, será buscar toda la información y documentos de las tierras, con el fin de aclarar el conflicto. El abogado habló luego de una reunión que los indígenas mantuvieron con el titular de la Cámara de Senadores, Fernando Lugo, representantes del Ministerio Público y autoridades del INDI.
Los afectados acusaron al fiscal Cabrera de propiciar la quema de 18 viviendas para favorecer supuestamente a colonos brasileños de la zona.
Los indígenas sostienen que la propiedad está ocupada por las familias desde el 2006. Dichas tierras –compradas por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)– cuenta con los planos y todos los documentos, de acuerdo a sus explicaciones.
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Agentes policiales junto con fiscales montaron un operativo de desalojo que afectó a más de 20 familias del distrito de la comunidad indígena Jetyty Mirĩ. Las casas fueron incendiadas y los indígenas perdieron todos sus objetos de valor, según denuncian.
