“No encontramos responsabilidad directa, en principio”, indicó Mario Elizeche, director de Auditoría de Gestión Judicial. Pero todo dependerá de lo que los funcionarios declaren en el marco del sumario administrativo y lo que luego decida el Consejo de Superintendencia.
El exhorto respecto a los bienes fue recibido en el mes de abril del 2015, y en el juzgado de Patricia González nunca se le dio trámite, según los antecedentes.
En este sentido, ahora la responsabilidad de haber cajoneado los exhortos recayó en dos funcionarios del despacho de la jueza. Los supuestos responsables serían el ex actuario Milton García, y el dactilógrafo Aldo Francisco Godo.
Antecedente. García soporta un proceso judicial porque supuestamente falsificó la firma de la jueza Patricia González en otra causa, y que la misma magistrada había denunciado. El caso está a la puerta de un juicio oral. En tanto que el mismo, luego de la denuncia de González fue cambiado, y actualmente está en el Juzgado de Sentencia de Héctor Capurro.
El director de Auditoría y Gestión Judicial de la Corte explicó que existen similitudes en los exhortos cajoneados en los juzgados de Patricia González y Rubén Ayala Brun, magistrado suspendido y sumarios por este caso por la Corte. En ambos juzgados son pedidos de cooperación jurídica internacional solicitados por el Brasil, donde el afectado es Pavão.
La otra similitud es el tiempo en que estuvieron paralizados en las oficinas. Solo que Ayala firmó una providencia y, según la actuaria, el diligenciamiento no se hizo por pedido del juez. En tanto que en el de González no hay providencia firmada.
