Esto, según resolvió el magistrado de Garantías, Humberto Otazú, luego de que el mismo haya sido ratificado en la causa por el Tribunal de Apelación Penal, que rechazó la recusación en su contra.
La causa se inició con la denuncia de la entonces directora de Aduanas, Rocío Vallejo, acerca de que la firma Intercom SA, de propiedad del ahora diputado Núñez, emitió una factura por USD 17.600 por la importación de 111 ruteadores. Luego se detectó que eran decodificadores de televisión valorados en USD 1.026.000.
El fiscal de la causa, en principio, había solicitado el sobreseimiento, pero se dio el trámite de oposición del juez Otazú, por lo que finalmente fue acusado por el fiscal adjunto. Con ello, ahora deberá realizarse la audiencia preliminar.
