En los últimos 15 días más de 100 paraguayos, en su mayoría paseros, fueron expulsados del lado argentino en la zona fronteriza del sur. La Gobernación de Itapúa ya solicitó ayuda a la Cancillería, pero hasta el momento no se sabe qué acciones tomará el Gobierno Nacional sobre el caso.
El conflicto se originó luego de que se aplique un decreto “de urgencia” firmado por el presidente argentino que busca evitar el ingreso de delincuentes al territorio vecino. El documento cuenta con varios vacíos legales y no logró aún el apoyo del Congreso.
El decreto quedó congelado gracias a un amparo promovido por organizaciones civiles debido a ciertas irregularidades en la normativa.No obstante, este amparo fue rechazado y el documento entró en vigencia.
El mismo tiene el fin de acelerar los trámites de expulsión de los inmigrantes con antecedentes penales, entre ellos los paraguayos que tuvieron algún tipo de pena judicial o tengan un proceso vigente sin condena firme, explicaron en Telefuturo los técnicos de Migraciones.
Es así como desde la cartera de Estado dijeron que oficialmente no hay registros de compatriotas expulsados, así como ningún otro tipo de dato. “Es probable que ocurra este tipo de hechos, pero no tenemos una comunicación oficial del vecino país”, dijeron al mismo canal informativo.
Mencionaron que entre 1.500 a 2.000 paraguayos cruzan diariamente a la Argentina. Muchos declaran que ingresan con fines turísticos, pero se quedan a trabajar como paseros.
Las autoridades paraguayas se comprometen a analizar la situación y reunirse con la Cancillería paraguaya para determinar qué acciones tomar ante el conflicto que vulnera a compatriotas.
Antecedentes del hecho refieren que otros motivos presentados por el Gobierno vecino están relacionados a la violación de la Ley Migratoria: no haber realizado la entrada y/o salida del país, no haber presentado documentaciones que corresponden al proceso migratorio, haber hecho declaraciones falsas (declararse como turistas, pero ir para trabajar) y, en otros casos más graves, poseer procesos judiciales, en su mayoría por ingreso ilegal de mercaderías.
