Tres puntos fueron los expuestos por usuarios y funcionarios de la cartera pública esta mañana en la manifestación que se realizó frente a la sede de la institución ubicada sobre las calles Jacarandá y Yerutí de la ciudad de Fernando de la Mora.
El primer tema trataba de que supuestamente varios usuarios en situación de permanentes pasaron a la categoría de beneficiarios de prestación, sin aviso, lo que implica un recorte en los servicios que les provee la institución y en el acceso a medicamentos. Alegaron que la decisión fue tomada de manera unilateral, sin notificación y sin evaluación clínica previa a los beneficiados.
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Sin embargo, Samaniego explicó que “los usuarios definitivos siempre son definitivos”. Los que se vieron afectados, según señaló, fueron aquellas personas que presentan una discapacidad adquirida que una vez recuperadas pasan a la categoría de prestación. En total, son 120.000 los usuarios de Senadis, detalló el ministro, y la medida “no afecta a todos”, recalcó.
Desprecarización
El segundo tema afecta a los funcionarios con discapacidad del ente y está relacionado con los nombramientos. De acuerdo con lo manifestado, numerosos trabajadores se encuentran como contratados desde hace más de 10 años, cuando ya deberían ser funcionarios permanentes de la Senadis.
Sobre este punto, el secretario de Estado recordó que cuando asumió en 2016 se encontró con funcionarios con antigüedad de hasta 15 años aún con contratos, por lo que tuvieron la intención de comenzar el proceso de desprecarización, pero el equipo económico y la Secretaría de la Función Pública avisaron que existía un llamado a concurso pendiente desde el 2014, por lo que no pudieron iniciar el proceso.
Por ese motivo, se realizó el llamado a concurso, pero fue solo interno, para una recategorización. El ministro anunció que ahora realizarán los trámites para concluir el proceso de este llamado.
Servicios de rehabilitación
El tercer y último reclamo de los manifestantes trata de un proyecto que pretende trasladar el Área de Rehabilitación de la Senadis a dependencias del Ministerio de Salud. Afirman que la cartera sanitaria no cuenta con infraestructura necesaria para tratar a personas con discapacidad.
Samaniego aclaró que este proyecto no fue aprobado y que fue un planteamiento de las ONG, pero que él mismo les aclaró que solo podría concretarse si existe acuerdo con los funcionarios y si los servicios públicos están en condiciones, lo que podría llevar años.
