Actualmente unas 5.000 personas están recluidas en las diferentes cárceles del país, sobrepasando, en algunos casos, la capacidad estructural de las penitenciarías nacionales.
Si bien se proyecta la construcción de dos nuevas cárceles en Ciudad del Este y Emboscada para 4.000 plazas en total, la ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, dijo que se deben tomar medidas urgentes para paliar la situación actual de hacinamiento.
En ese sentido, señaló que en un mes se estarían inaugurando 1.500 nuevos lugares con las ampliaciones de las cárceles ubicadas en Misiones, Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero, San Pedro y Concepción.
“Todavía nos quedarían 3.500 personas en hacinamiento; debemos buscar soluciones creativas porque actualmente la población penitenciaria aumenta en 2.000 reclusos”, señaló la secretaria de Estado al programa La Lupa de Telefuturo.
La ministra mencionó que una de las causales del hacinamiento es el abuso total de la prisión preventiva, teniendo en cuenta que solo el 23% de la población penitenciaria tiene condena firme, el resto sigue siendo procesado.
Explicó que en la Constitución Nacional, en el Código Penal, el Código Procesal Penal y en el nuevo Código de Ejecución Penal se establece que la prisión preventiva solo se debe aplicar en casos de peligro de obstrucción o fuga.
Sin embargo, Bacigalupo mencionó que en el 2011 se promulgó la Ley 4431 que restringe las medidas sustitutivas a los delincuentes reincidentes. Con esta normativa, cualquier persona por un caso de crimen o la que caiga por un delito y tenga antecedente, directamente debe ir a prisión.
“Es una casi medida de prisión tasada. Eso hace que los jueces estén constreñidos en su función y en caso de crímenes ya otorgan la prisión preventiva. Aquellos jueces que no lo hicieron pasaron al Jurado en Enjuiciamiento de Magistrados”, indicó.
La alta funcionaria del Estado refirió que se debe reformar la citada ley porque se suma a otras normativas que van criminalizando los casos que anteriormente se consideraban delito a crímenes.
MORA JUDICIAL. Bacigalupo también consideró que la mora judicial es otra de las causantes para el hacinamiento. Ese hecho no atribuyó solamente a los jueces, sino también, a la actuación de los abogados que permanentemente incurren a medidas para entorpecer los procesos.
“Tenemos que reforzar las sanciones disciplinarias a los abogados. Realmente debemos hacer cambios en el sistema de Justicia porque las leyes ya nos dan las herramientas necesarias para evitar la mora judicial, el tema es aplicar las leyes y que los operadores de Justicia apliquemos la ley”, aseveró.
Carla Bacigalupo asumió la cartera de Justicia esta semana en reemplazo de Sheila Abed, quien pasará a formar parte del Consejo de Asesores en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) e integrará el equipo negociador del Anexo C del Tratado de Yacyretá.
