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Nacional
miércoles 14 de junio de 2017, 10:33

Ministerio de Justicia y Defensoría rechazan asilo a jóvenes liberales

Para el ministro de Justicia, Ever Martínez, y el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, no corresponde el asilo político a los jóvenes liberales que se encuentran en Uruguay. Sostienen que deben someterse al proceso por la quema del Congreso Nacional.

Ambas autoridades se encontraban en la inauguración de mejoras en el Centro Educativo de Itauguá cuando fueron consultados sobre el pedido de refugio de cuatro jóvenes del Partido Liberal procesados por los destrozos y quema del Congreso durante la jornada de protestas en contra de la reelección el 31 de marzo pasado

"Yo creo que no pueden ser consideradas perseguidos políticos gente que ha sido filmada atacando un poder del Estado. Entonces es una victimización que no tiene ningún fundamento", expresó Martínez, quien espera que Uruguay rechace la solicitud.

A su vez, Godoy sostiene que los 25 policías que atropellaron la sede del PLRA en la madrugada del 1 de abril deben ser investigados así como el ex comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo y el comisario Tomás Paredes Palma. Pero también indicó que igualmente los jóvenes procesados deben aceptar someterse a la Justicia.

"Son personas sometidas a un proceso y se persigue políticamente a quien tiene votos y por cuestiones ideológicas, pero acá hay un hecho punible, es diferente", argumentó.

Asimismo, criticó las 18 recusaciones que presentó el Partido Liberal en la investigación de la muerte de Rodrigo Quintana en la sede partidaria. "Querés justicia, querés celeridad, en su efecto lo que tenés que hacer es colaborar y podés no confiar en un fiscal, pero cuando ya no confías en 18 fiscales significa que querés alargar la causa", arremetió el defensor del Pueblo.

Luis Osvaldo Sánchez, Brian Esteban Martínez Jara, Rubén Moisés Galeano y Osvaldo Daniel Aquino, todos investigados por la fabricación de bombas molotov fueron al Uruguay en compañía de los dirigentes liberales, Salyn Buzarquis, Efraín Alegre y Luis Alberto Wagner. Allí pidieron asilo político debido a que consideran que el Ejecutivo está influyendo en el proceso que enfrentan en el país.

Tras el hecho, la Fiscalía pidió la declaración de rebeldía de los jóvenes en tanto que se abrió una investigación en contra de los dirigentes que los acompañaron por frustración de la persecución y ejecución penal.