Ante la publicación de ÚH sobre el preso de Tacumbú que confeccionó 150 carpetas de cuero y cobró G. 14.250.000 y luego una empresa las revendió a la Corte Suprema por G. 90 millones, el Ministerio de Justicia solicitó informes a la Fundación Princesa Diana, que fungió de nexo entre el recluso y la firma en cuestión, Organización Integral SRL.
El Ministerio pidió a la fundación que presente toda la documentación existente de ese negocio y también que provea los detalles del trato, debido a que Princesa Diana vendió las carpetas a G. 17.250.000 a Organización Integral, pero solo entregó G. 14.250.000 al reo.
“Nosotros estamos trabajando en transparentar la gestión de lo que heredamos de la administración de Carla Bacigalupo, porque ese convenio con la Fundación Princesa Diana es de la administración anterior (...) Acá la existencia de varios intermediarios genera el cobro de una comisión entre comillas que no tiene sustento. Eso tenemos que evitar que suceda”, explicó ayer la viceministra de Política Criminal, Cecilia Pérez Rivas.
“En la administración de Carla Bacigalupo no había informes del detalle del trabajo que ellos realizan dentro del penal. A partir de agosto del 2016 nosotros empezamos a pedir reportes del informe de actividades y documentación que sustentan estos movimientos, no solamente en este convenio, sino en otros. El objetivo es que el interno esté recibiendo lo que debería recibir y no que la intermediación se genere en detrimento del interno”, añadió.
LA COMPRA. Las carpetas de cuero fueron compradas por la Corte para obsequiarlas a los invitados a la Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en el Centro de Convenciones de la Conmebol en abril del 2016.
Según informó Organización Integral SRL, adjudicada para proveer el servicio ceremonial, la firma ofertó el ítem de las carpetas a G. 600.000 cada una por los precios del mercado, pero una vez ganada la licitación, la misma Corte pidió que las carpetas fuesen compradas de los presos de Tacumbú. “Ya no pude bajar los precios”, afirmó el director de la firma, Alberto Ferreira.
Marcela Abriola, de la Fundación Princesa Diana, indicó que por el trabajo la fundación pagó G. 14.250.000 al artesano preso y los G. 3.000.000 restantes fueron utilizados para pagar impuestos, insumos y financiar otros proyectos de inserción laboral de presos.
Por su parte, el interno de Tacumbú que hizo las carpetas –cuya identidad es mantenida en reserva– dijo que en este caso él solo trató con la propia ministra de Justicia de entonces, Carla Bacigalupo. Dijo que le prometieron G. 100.000 por carpeta, pero solo le pagaron G. 95.000 y que también le descontaron G. 4.873.000 por insumos.
“Existe una situación de vulnerabilidad del interno involucrado en una situación así, porque si la misma ministra está involucrada en la transacción comercial, a quién él se va a ir a quejarse de que no se le pagó lo que se le tenía que pagar”, expresó al respecto la viceministra Pérez Rivas.
