El caso Messer, probablemente el mayor escándalo político-judicial de este gobierno, pone a prueba a las debilitadas y corruptas instituciones, con consecuencias aún imprevisibles.
Darío Messer es uno de los mayores lavadores de dinero en Brasil y sus operaciones delictivas están conectadas al Partido de los Trabajadores de Lula Da Silva, hoy preso por corrupción. De hecho, se lo conoce como el “lavador del PT” y su historia con Paraguay está directamente conectada con Horacio Cartes, amistad que data de los años 90 y que está cimentada en lazos afectivos y económicos.
“Dios puso en mi camino una familia y una gran persona, que me acogieron en sus corazones y sentimientos, y me hicieron sentir parte de la familia. Me ayudaron y me enseñaron cosas fundamentales. Ellos ganaron mi eterno cariño de hijo, mi gratitud y admiración”, calificó alguna vez a la familia Messer el presidente de la República. Darío es su “hermano del alma”, confirmó con voz firme y emocionada en una entrevista a ÚH en 2010.
Messer es investigado en el Brasil desde la década de los 90 por actividades ilícitas y desde esa fecha también fija residencia en Paraguay, según la solicitud de carta de naturalización a la Corte Suprema donde “acreditó su residencia en el país en forma permanente y continuada desde 1993, como se constata en el informe remitido por la Dirección General de Migraciones y por el acta emitida por el Juzgado de Paz de Hernandarias”.
El caso del “doleiro” es el mapa perfecto de cómo en el Paraguay las conexiones políticas pueden dar refugio y protección a personajes del mundo delictivo con la grosera connivencia institucional. Es también un ejemplo para mostrar en forma descarnada porqué se afirma que Cartes demolió la institucionalidad de la República, como bien lo dijo en su campaña durante las internas coloradas Mario Abdo Benítez, discurso que arrinconó tras el abrazo republicano.
LOS HERMANOS SEAN UNIDOS. Si bien Messer era ya un conocido de la zona fronteriza, su presencia cobra notoriedad durante el Gobierno de Cartes, que le facilitó los caminos para convertirte en un “gran señor” en el país. Lo llevó nada menos como parte de la comitiva presidencial a Israel en 2013.
El presidente utilizó su poder para ello, según se constata con los hechos.
Messer inicia sus negocios legales en Paraguay en coincidencia con el ingreso a la arena política de Cartes.
En 2011, el “doleiro de los doleiros” empieza a establecer las empresas “Chai SA” y “Matrix Reality SA”, cuando el empresario tabacalero ya hacía campaña como precandidato presidencial colorado. Apenas Cartes ganó las elecciones generales, el brasileño solicitó a la Corte Suprema su carta de naturalización el 25 de setiembre de 2013, que le fue concedido 4 años después, el 25 de abril de 2017. Eran entonces sus abogados Santiago Jure y Francisco Barriocanal, quienes luego fueron nombrados en cargos públicos como prueba irrefutable de la conexión con Cartes. Jure es director de Contrataciones Públicas y Barriocanal es procurador General de la República. Ambos negaron conocer al brasileño, un dato que se consigue con un simple click en Google, donde aparece con casi 900.000 resultados.
Messer empezó a utilizar el sistema financiero paraguayo con sus operaciones sospechosas no solo en bancos privados, sino también en un banco estatal. Según investigaciones fiscales confirmadas por el propio presidente del Banco Nacional de Fomento, Carlos Pereira, el “doleiro de los doleiros” movió 41 millones de dólares a través del BNF. Ciertas maniobras llamaron la atención que motivaron sendos “reportes de operaciones sospechosas” (ROS en la jerga bancaria) a la Secretaría de Prevención del Lavado. Y es aquí donde surge la mayor sospecha. La Seprelad, un organismo dependiente directamente de la Presidencia, ocultó los datos a la Fiscalía. Esta secretaría lo investigaba desde hace 3 años, recibió las alertas de sospechas en diciembre del 2017 y recién reportó a la Fiscalía el 17 de abril de este año. Probablemente el caso permanecería en el freezer de la Fiscalía de no ser por el pedido de captura internacional dictado por el ya mítico juez del Brasil, Sergio Moro, el pasado 3 de mayo, junto a otros 40 “doleiros”.
Para seguir con la historia de complicidades o dilaciones sugestivas, la jueza paraguaya María Griselda Caballero no ordenó la detención de Messer, alegando que “no era urgente” y recién al día siguiente el juez Miguel Tadeo Fernández libró la orden de detención por los “presuntos delitos de organización criminal, corrupción activa y pasiva de lavado de dinero y evasión de moneda corriente en el Brasil”. Entonces Messer ya había huido.
La Fiscalía realiza allanamientos todos los días, incauta documentos, imputa personas. En este tren salta a la palestra Pablo Jiménez Viveros, casualmente primo del presidente, quien intentó sacar G. 2.000 millones de la cuenta del brasileño, estando ya este prófugo.
Para completar el mapa de protección política, Messer vivía en el lujoso barrio cerrado Paraná Country Club de Hernandarias, bajo la protección de José Ortiz y el clan Zacarías Irún. En ese lugar se hizo propietario de una reserva natural declarada área protegida bajo dominio privado, según una ley del 2014. Pero Cartes vetó la normativa y por decreto fulminó el argumento de reserva forestal para que la empresa inmobiliaria Matrix de su amigo se apropie del lugar.
No caben dudas de la alta protección política al “doleiro de los doleiros” y por ello se convierte en el gran desafío para las instituciones más desprestigiadas de la democracia como la Fiscalía General y el Poder Judicial.
Cartes se está yendo y eso significa pérdida de poder político.
¿Se animarán la Fiscalía y los jueces a actuar a pesar de las consecuencias? ¿Tendrá el coraje Sandra Quiñónez para soltarle la mano a su padrino político y ordenar a sus colegas apretar el acelerador hasta el fondo? ¿Se animarán los jueces a recuperar la institucionalidad perdida?
¿Está interesado el nuevo eje de poder representado en Marito Abdo en la expulsión de Messer y el saneamiento financiero de este país?
Son interrogantes que se responderán en breve.
A raíz del caso Messer, Cartes, el empresario bajo sospecha que llegó al máximo poder de la República por voto popular, perdió la oportunidad histórica de salir por la puerta grande del Palacio de Gobierno como lo hizo Andrés Rodríguez, quien blanqueó su prontuario de narcotraficante echando a su consuegro, el tirano Stroessner, ejerciendo la presidencia con legados como la nueva Constitución, y entregando el poder en tiempo y forma.
Eso pasa cuando no hay comprensión real de la dimensión de un cargo cuya majestad se debe honrar más allá de los amigos.
