Riera tomó la palabra frente a Diputados dando gracias “a la rebeldía juvenil, porque gracias a eso se instaló la agenda de la educación en la sociedad paraguaya”. Esta exposición realizada en la Cámara de Diputados fue elaborada en el marco del proyecto de ley “que declara en emergencia la educación pública”, presentado por los diputados Rocío Casco y Ramón Romero.
El secretario de Estado mencionó que unas 4.112 escuelas nunca fueron verificadas en materia de infraestructura, ni por un equipo del MEC ni por la gobernación ni por alguna Municipalidad de la zona, aunque existían recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para el efecto.
Insistió sobre el punto diciendo que el Ministerio a su cargo cuenta con 30 arquitectos e ingenieros en la Oficina de Infraestructura, lo cual no resulta ser suficiente para la verificación de las 7.500 escuelas existentes. “Es imposible verificar con esa cantidad de profesionales”, dijo.
Mencionó que para saber cuándo, cómo y dónde deben realizarse las reparaciones se necesita un trabajo en conjunto con las demás instituciones del Estado; además de la ayuda de los jóvenes, explicó.
Se refirió a la idea que tratan de instalar algunas personas que le dijeron cómo un adolescente puede saber si está o no en condiciones una estructura edilicia, por lo que aprovechó el momento y dio a conocer la existencia de un tutorial que tiene informaciones sobre cómo detectar el estado edilicio de las construcciones de las instituciones para que cualquier estudiante o docente pueda denunciar el caso.
Siguiendo su discurso, Riera proporcionó más datos diciendo que 326 instituciones educativas se intervinieron por parte de las gobernaciones entre el 2012 y el 2015 con fondos del Fonacide, mientras que por parte de las municipalidades se destacan 1.654 locales escolares intervenidos.
Las gobernaciones utilizaron para ello alrededor de USD 25 millones y las municipalidades USD 96 millones, mientras que el Fonacide contaba con USD 109 millones para intervenir las 7.500 escuelas a nivel país, de este total, 4.112 no fueron verificadas finalmente, reiteró Riera.
Por su parte, una de las proyectistas, la diputada Rocío Casco, dijo que la situación edilicia de las instituciones educativas es conocida desde hace tiempo, “por ello pedimos un plazo para resolver los problemas. Planteamos la creación de un comité de emergencia en cada una de las instituciones, no queremos que los estudiantes asuman roles que no les corresponde”, asintió.
“Los comités de emergencia educativa estarán integrados por estudiantes, docentes y padres de estudiantes”, insistió Casco en este sentido.
Piden blindar recursos por dos años
El ministro de Hacienda, Santiago Peña, marcó postura diciendo que lo importante “no es que el MEC o las municipalidades administren los recursos sino que se haga de la mejor manera. La propuesta que menciona el ministro de Educación y que compartimos es blindar estos recursos por dos años”, sentenció.
De la misma forma, se dio la palabra a estudiantes secundarios, que no se mostraron completamente conformes con los proyectos de Diputados. Solicitaron que el plazo sea de un año, mostrándose en contra de los 90 días solicitados en el proyecto de Rocío Casco y de los 2 años como mencionó Peña.
“No queremos centralizar todo el presupuesto, deseamos que el MEC pueda optimizar el manejo del dinero, para ello solicitamos que el Ministerio pueda optar por la vía de excepción en el ámbito de contrataciones”, destacó una vocera de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes).
De igual manera, Camila Benítez, de la Organización Nacional Estudiantil (ONE), refirió que 90 días les parece muy poco tiempo para mejorar la infraestructura de todos los colegios en mal estado.
