“No lo hacemos porque se violó la Constitución, lo hacemos para restaurar la paz y por el diálogo”. Con esta frase de Bernardo Villalba los colorados intentaban disimular la capitulación total. Luego, por 78 votos y una abstención, la Cámara de Diputados dio el miércoles el tiro de gracia al controvertido proyecto de enmienda para la reelección.
De esta manera, el plan que se inició como un proyecto colectivo entre cartistas, luguistas y llanistas, terminó abruptamente tras la decisión personal e inconsulta de Horacio Cartes, que abandonó a sus aliados tras las crisis política. Su renunciamiento obligó a la recomposición y reposicionamientos tanto en la ANR como en la oposición, que siguen entrampados en la dura tarea de elegir candidatos.
Una vez más se demostró que una decisión tan delicada como la reelección presidencial no puede imponerse si primero no se conquista el corazón de la ciudadanía. Y recién después de obtener el consenso social dar el paso político por las vías legales y legítimas, y no por atajos como lo hicieron los 25 y un quemado.
Horacio Cartes logró una hazaña en política. Tras la derrota del 25 de agosto cuando se rechazó la enmienda, reconstruyó una mayoría poniendo de su lado a la izquierda más dura, como es el Frente Guasu, y a un sector del PLRA (llanismo). Juntos tenían los votos suficientes para imponer el plan. El mayor error fue creer que con ello era suficiente.
Tener 25 votos los emborrachó, les nubló para ver el contexto y empujaron al extremo el plan. Así cambiaron el reglamento, así aprobaron la enmienda en el Senado, la Cámara que en otros tiempos era sinónimo de prudencia y raciocinio.
Modificar la Constitución, hasta en su más mínima expresión, necesita debate, consenso y aprobación en un proceso transparente e irrefutable. Si no cumplen estas características, pasa lo que pasó: la mayoría manda, pero no legitima. La fuerza bruta se convierte en un bumerán.
TRUEQUE PERVERSO. Fue grave lo que hicieron los aliados, pero más grave aún fueron las modificaciones que introdujeron en la enmienda y que por imperio de la crisis se abortó.
Cuando se dice que la modificación de la Constitución (pacto social de un país) debe ser un proceso transparente, se entiende por debate público entre todos los sectores. Esto no sucedió. Los pro enmienda solo hablaban de la reelección del presidente y los gobernadores, mientras intentaban meter de contrabando otros temas que lesionaban derechos e instituciones.
A través del cambio de 4 artículos (161, 197, 229 y 235), que nunca socializaron y se supo días antes de su tratamiento, los aliados dibujaron un traje a medida, en un trueque desvergonzado y perverso. Cartes y Lugo acordaron la reelección, pero como era un pacto entre ladinos, cada quien se aseguró de limpiar los obstáculos para evitar traiciones de último momento: así Lugo eliminó la inhabilidad para “los ministros de cualquier religión o culto”, echando por tierra una conquista republicana, porque ese artículo hace vulnerable su candidatura. Son las contradicciones de la izquierda paraguaya, cuyo líder principal es un obispo, pero permitir que los religiosos hagan política es mucha capitulación ideológica.
Como Cartes no confiaba en él, también eliminó la atribución del Congreso de aceptar o rechazar su renuncia. Según la enmienda, el presidente solo debe comunicar su decisión. Que no sea que Lugo, ya habilitado, le clave el puñal.
Así que el rechazo a la enmienda no fue solamente a la reelección presidencial, sino a un desvergonzado pacto en el que destriparon la Constitución para beneficiar a dos personas. Quizá porque sabían que sus actos no solo eran ilegales, sino vergonzosos, aprobaron las modificaciones en una oficina pequeña, sin debate, sin prensa, sin pruebas.
OTRO CANTAR. La Constitución pos stronista de 1992 se hizo con consenso político y social, y luego de un debate amplio entre todos los sectores de la sociedad. No estuvo exenta de los miedos, odios y vendettas políticas. De hecho, la prohibición taxativa de la reelección se hizo mirando el pasado (Stroessner), pero también el futuro (Andrés Rodríguez). Por si fuera poco, también se amputó la posibilidad de que el general presidente pretenda perpetuarse a través de su familia.
Fue también una repartija de cargos. La descentralización no fue otra cosa sino la redistribución grosera de los recursos estatales a los caciques regionales. Las gobernaciones son el vivo retrato de ello. Son un híbrido político que solo sirven para despilfarrar dinero. Había que repartir el poder. Y así sucesivamente nacieron instituciones no para el servicio de la ciudadanía, sino para que el Estado siga siendo el gran empleador corrupto, prebendario y clientelar.
La gran lección que queda luego de este proceso perverso, que dividió la sociedad, es la necesaria reforma constitucional, y por qué no, pensar en una Constitución totalmente nueva, edificada sin los errores del pasado y los prejuicios del presente, para todos los paraguayos y no el mero interés de los ladinos de turno.
