EFE
La decisión fue adoptada por la jueza María Servini de Cubría a petición de un grupo de líderes sindicales peronistas, encabezado por Carlos Acuña, que solicitaron a la Justicia que declare “el estado de acefalía” del PJ al desconocer el mandato y la representatividad de la actual conducción del partido.
Los demandantes alegaron que el mandato de los integrantes del Consejo Nacional –órgano de conducción del PJ– venció en 2012.
Al hacer lugar a la medida cautelar, la jueza recuerda que ya tenía previamente otras dos solicitudes de intervención y habló de una “crisis” dentro del partido fundado por el tres veces presidente argentino Juan Domingo Perón.
A su juicio, las derrotas electorales de peronistas en los comicios presidenciales de 2015 y las legislativas de 2017 profundizaron la “división interna” del PJ, con una “crisis en la conducción partidaria difícil de superar”.
“El grado de división alcanzado, con líneas internas partidarias que se ubican en las antípodas del pensamiento político, ha creado una situación crítica insostenible que de permanecer en el tiempo podría afectar la propia existencia del partido”, advirtió la magistrada.
Observó que, por un lado, una parte de la dirigencia partidaria permanece en la agrupación intentando fortalecer al partido, mientras que en los últimos comicios “reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes políticos” de los que el PJ no forma parte e, incluso, se postularon como candidatos de esas agrupaciones.
Servini nombró como responsable de lograr la “normalización” del partido al dirigente de los trabajadores gastronómicos José Luis Barrionuevo, un sindicalista peronista con idas y vueltas en su relación con los Gobiernos de la peronista Cristina Fernández (2007-2015) y el actual de Mauricio Macri.
Barrionuevo es esposo de la diputada Graciela Camaño, una de las figuras del Frente Renovador liderado por Sergio Massa, uno de los peronistas que han optado por competir electoralmente por fuera del sello formal del PJ.
Polémico, entre otras cosas, por haber declarado que todos deberían “dejar de robar por dos años” para que el país salga adelante, Barronuevo deberá ahora, entre otras tareas, hacer un inventario de los bienes del PJ e informar a la jueza sobre la situación económico-financiera del partido.
Tras notificarse de la medida adoptada por Servini –quien ya en 2005 había intervenido el PJ–, el titular del Consejo Nacional partidario, José Luis Gioja –que en las elecciones de 2015 había apoyado la reelección de Cristina Fernández, candidata de la fuerza kirchnerista Unidad Ciudadana–, anticipó que este miércoles apelará el fallo.
En declaraciones a periodistas, Gioja, quien no reconoció a Barrionuevo como interventor, sostuvo que se pretende “proscribir al principal partido opositor” y aseveró que hay una “clara intromisión” del Gobierno de Macri detrás de la medida judicial.
Gioja señaló que ya habló con varios gobernadores peronistas, que se sumarán a la reunión convocada para este miércoles del Consejo Nacional, del cual es miembro el denunciante Acuña.
La intervención fue dictada días después de que varios dirigentes peronistas, incluidos algunos que lideran sus propias fuerzas o frentes políticos por fuera de la estructura del PJ –como Massa o el exministro del kirchnerismo Florencio Randazzo– y gobernadores peronistas comenzaran a sondear la posibilidad de aliarse.
Su objetivo parece estar puesto en competir en las presidenciales de 2019 con el gobernante frente Cambiemos y la Unidad Ciudadana que lidera Cristina Fernández.
“El Justicialismo está transitando, a través de muchísimas expresiones, caminos de unidad y esto indudablemente viene a interrumpir ese trabajo de unidad que estamos haciendo”, declaró Gioja.
