20 abr. 2024

Intervienen Juzgado de Paz de Curuguaty tras escándalos

Los abogados Silvia Díaz e Isidro Dávalos de la Auditoría de Gestión Jurisdiccional, dependiente del Consejo de la Superintendencia del Poder Judicial, llegaron en la mañana de este lunes al Juzgado de Paz de Curuguaty a fin de recabar informaciones, tomar declaraciones a los funcionarios y a la jueza Nora Ramírez, además de elevar informes al Consejo sobre los escándalos denunciados en dicha dependencia judicial.

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Imagen de archivo del Juzgado de Paz de Curuguaty. | Foto: ÚH.

Por Elías Cabral - Curuguaty

La magistrada Ramírez ya había sido denunciada por maltratos por parte de su actuario judicial de ese entonces, Mario Páez, quien tuvo que solicitar su comisionamiento a otra dependencia.

En ese lapso se comisionó a la funcionaria Patricia Lagraña, actuaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Curuguaty, a interinar la secretaría del Juzgado de Paz, pero al día siguiente ya presentó una nota pidiendo que se deje sin efecto su comisionamiento, a causa de maltratos por parte de la jueza Nora Ramírez. Se le solicitó colaboración y continuó, no obstante, al siguiente día volvió a pedir que sea apartada.

Recurrieron a Delia Raquel Cáceres, actuaria del Juzgado Penal de la Adolescencia, pero ella se negó rotundamente, porque su jefa, la jueza Yanine Ríos, tenía serios inconvenientes con Ramírez; se contactó entonces con la escribana Leli Ocampos, actuaria del Juzgado de Paz de Yasy Cañy, para interinar el cargo de Páez, pero también se negó.

Por último se recurrió al secretario del Juzgado de Paz de Villa Ygatimí, Hernán Javier Rolón Estigarribia; el mismo aceptó interinar, pero en este caso, la misma jueza fue quien lo rechazó, argumentando que Rolón era un ignorante.

El presidente del Consejo de Administración de ese entonces informó que no habiendo más opciones, se dejó vacante la secretaría del Juzgado de Paz de Curuguaty, pero a la vuelta de sus vacaciones, el funcionario Mario Páez se encontró con la puerta de acceso cerrada con llave, no permitiéndole la jueza el ingreso al recinto judicial.

Posteriormente, el juez Benito González, en carácter de presidente de la circunscripción judicial de Canindeyú, había solicitado la evaluación psiquiátrica de la magistrada por sus constantes conflictos. También el ujier notificador Osvaldo Miranda denunció maltratos y supuestamente fue expulsado del juzgado por la jueza.

Ante estos hechos, la Corte Suprema de Justicia envió a funcionarios de manera a investigar los casos y tomar una determinación al respecto.

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