03 jul. 2026

Indagan ataque a indígenas en Itakyry

El Ministerio Público inició investigaciones sobre el ataque a parte de una comunidad nativa de Itakyry, Alto Paraná. Datos preliminares señalan que algunos indígenas habrían arrendando las tierras. Guardias de la Industria Paraguaya de Alcoholes (Inpasa) atacaron la zona y derribaron casas y escuelas.

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La empresa Inpasa niega el desalojo a la comunidad indígena. Foto: Gentileza.

Adolfo Santander, fiscal de Minga Porã, será el encargado de las investigaciones en representación del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público se constituyó al sitio para recolectar evidencias.

Se incautó una camioneta, cartuchos de escopeta, registros fotográficos y además se recolectó testimonios.

Investigaciones preliminares indican que la comunidad o parte de ella firmó un arrendamiento de tierras a la empresa y se retiró del sitio, pero otro grupo permaneció en el lugar. Estas familias fueron atacadas por guardias privados de la firma, quienes además quemaron viviendas y derribaron una escuela.

El abogado Reinaldo Lugo, representante de un grupo de nativos de la parcialidad Avá Guaraní, dijo que ampliará una denuncia contra el letrado Marcos Torales quien sería el propulsor del acuerdo con los nativos y la empresa, informó el corresponsal de Última Hora Édgar Medina.

Nativos de la parcialidad Avá Guaraní denuncian un supuesto caso de avasallamiento de una comunidad indígena, ubicada en la zona conocida como 3 de Julio Ysatĩ, situada a unos 110 kilómetros al noroeste de Ciudad del Este, en el distrito de Itakyry.

Los denunciantes acusan a funcionarios de la empresa Impasa de haber destruido una escuela pública y viviendas, luego de que un grupo de nativos haya sido reubicado en otra comunidad de la localidad de Yvyrarovana, departamento de Canindeyú.

La Policía informó que el líder nativo Luciano Villalba fue quien encabezó la quema de unos 15 ranchos precarios ubicados en el lugar, en la tarde del lunes último.

La comunidad indígena está ubicada a unos 110 kilómetros al norte de Ciudad del Este y es parte de un inmueble de 2.638 hectáreas con problemas de superposición de títulos, según los antecedentes. El Instituto Nacional del Indígena no pudo defender las tierras, atendiendo a los antecedentes. Los conflictos en este sitio se iniciaron en el año 2009.

En las redes sociales conmueve un video donde una niña de la comunidad describe temerosa la situación que les tocó vivir.

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