14 jul 2026

Gregorio Álvarez, el más temido dictador uruguayo que nunca se arrepintió

El teniente general Gregorio Álvarez, el más poderoso y temido dictador uruguayo en las últimas décadas, fallecido hoy en Montevideo a los 91 años, presidió el país entre 1981 y 1985 con mano dura, en una oscura etapa de la que dijo no arrepentirse de nada.

En la imagen, el exdictador uruguayo Gregorio Álvarez (c). EFE/Archivo

En la imagen, el exdictador uruguayo Gregorio Álvarez (c). EFE/Archivo

EFE

A Gregorio Álvarez se le recordará por su inflexibilidad en la última etapa de la dictadura cívico-militar que existió en Uruguay de 1973 a 1985.

Preso desde 2007 y sin saber si sería sentenciado a cadena perpetua por el Plan Cóndor, Goyo Álvarez, como era conocido, fue temido dentro y fuera de los cuarteles.

Hijo y nieto de generales, el dictador fallecido ingresó en la Academia Militar Nacional en 1940, en la que se graduó como oficial del Regimiento de Caballería (1946-1959).

Obtuvo el cargo de general en 1971, a los 45 años, y se convirtió en la persona con más poder en el Ejército, participando directamente en los hechos más relevantes de las siguientes décadas.

Sin embargo, el último año en que lideró el país estuvo marcado por la soledad en que lo dejaron el resto de los miembros de la cúpula militar, al punto de que no participó de las negociaciones para la salida a la democracia.

Tras haber perdido gran parte del apoyo de las Fuerzas Armadas para continuar con el régimen dictatorial, accedió a negociar un cronograma electoral que finalizó con las elecciones legislativas y presidenciales de noviembre de 1984 que ganó Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado.

Encarcelado en Montevideo desde 2007, fue procesado y condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte de 37 opositores en 1977 y 1978, y era uno de los acusados uruguayos en el juicio por el Plan Cóndor.

Este proceso ha sido desarrollado en Italia contra 32 exmilitares por la desaparición de una veintena de italianos en Latinoamérica durante la Operación Cóndor, en las décadas de 1970 y 1980, y contará con una sentencia el próximo mes de enero.

Encabezó el Consejo Nacional de Seguridad, un organismo que funcionó como Gobierno secundario de la presidencia de Juan María Bordaberry (1972-1973) mientras este gestaba el silencioso y paulatino golpe de estado que desencadenó en la última dictadura uruguaya.

En 1978 fue comandante en jefe del Ejército Nacional, cargo que desempeñó durante un año y le bastó para generar apoyo y sembrar discordias.

Su mandato dictatorial comenzó en 1981 sin el apoyo unánime de sus pares militares y sin ser elegido por la ciudadanía.

No obstante, muchos ilustran el poder que llegó a tener Álvarez en el hecho de que no pudo ser destituido por el presidente Bordaberry.

Antes, cumplió funciones como primer director del Estado Mayor Conjunto, un organismo cuyo fin principal fue la lucha contra la guerrilla de izquierda que se etiquetaba como antisubversiva.

Allí demostró su mano dura y dejó claro que no le temblaba el pulso al dar órdenes complejas como la persecución de civiles.

Bajo su mandato fueron detenidos los principales líderes políticos de Uruguay, como el derechista Jorge Batlle -presidente entre 2000 y 2005-; la principal figura de la izquierda, Líber Seregni; o el opositor nacionalista Wilson Ferreira Aldunate.

La “Ley de Caducidad” de 1989 eximió inicialmente a Álvarez y al resto de los jefes militares de las responsabilidades por los crímenes cometidos durante la dictadura. Pero en 2007 fue judicialmente acusado por primera vez de haber perpetrado delitos de lesa humanidad.

La fiscal Mirtha Guizane y el juez Luis Charle acusaron a Álvarez de ser responsable de varias decenas de desapariciones forzadas y en 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por la muerte de 37 opositores secuestrados en el vecino país de Argentina y traídos de forma clandestina a Uruguay en 1977 y 1978.

Antes de su último ingreso en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas de Montevideo, donde falleció hoy (ya había estado internado en junio y octubre de 2015) se encontraba preso en la unidad carcelaria Domingo Arena de Montevideo, cárcel especial para alojar a los militares y policías represores.

En ese recinto recibió a varios periodistas que buscaban obtener una nueva declaración de primera mano sobre los años más violentos del Uruguay en la última época.

El militar dijo en 2010 al periódico local Últimas Noticias que no se arrepiente “de nada”.

La periodista lo consultó sobre su negativa a dar la información que tiene sobre los desaparecidos a lo que Álvarez respondió: "¿Quién dice que hubo desaparecidos?”.

Más contenido de esta sección
Estados Unidos lanzó el martes nuevos bombardeos contra Irán y anunció el restablecimiento del bloqueo naval a los puertos de la república islámica, lo que llevó a Teherán a responder con ataques a países de la región.
Un grupo de arqueólogos descifró en Guatemala el primer nombre completo de un astrónomo y matemático maya, Zorro de Pecho Blanco, en una zona que contiene la evidencia de escritura más antigua conocida de esta cultura milenaria, informaron el lunes fuentes oficiales.
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este lunes que las fuerzas estadounidenses iniciaron una tercera noche consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente, Donald Trump, con operaciones destinadas a imponer “un alto costo” a Teherán.
El ex presidente de Irán Mahmoud Ahmadineyad se encuentra bajo arresto domiciliario por orden de la Guardia Revolucionaria iraní, informó este lunes The New York Times (NYT), que cita a cuatro altos funcionarios iraníes, por supuestos contactos con Israel.
Miguel Báez se infiltra por un estrecho túnel entre las ruinas de los terremotos en Venezuela. Lo mueve la desesperación por encontrar los restos de los suyos, y, en el trayecto, arrastra el trauma de ver cadáveres, cuerpos desmembrados... y hasta temer su propia muerte.
El ex comandante del Ejército de Bolivia, el general Juan José Zuñiga, comparece desde este lunes ante un tribunal en La Paz junto a otros acusados por el alzamiento armado ocurrido en junio de 2024 que, en su momento, el entonces Gobierno de Luis Arce calificó como un intento de “golpe de Estado”.