Elías Cabral | Canindeyú
El cauce hídrico conocido como Mboreviguary se encuentra a unos 100 metros de la ruta asfaltada y cerca del local del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). En el lugar se observan constantemente maquinarias trabajando en la extracción de grandes cantidades de arena lavada, que posteriormente se comercializarían en zonas de Yasy Cañy, Curuguaty y Capiibary.
El fiscal Romero está en pleno conocimiento de la situación, ya que en varias oportunidades le enviaron imágenes de los trabajos, sin embargo, no se constituye en el lugar para verificar e indagar la denuncia de los pobladores aledaños, según se quejaron los afectados.
Especialmente, los indígenas de la comunidad Tekohapoty lamentan la inacción del Ministerio Público y de la Secretaría del Ambiente (Seam) para salvar el arroyo donde se refugian en tiempos de calor y también utilizan sus aguas para lavar ropas.
Los vecinos temen que el avance de los trabajos ocasione el derrumbe del puente que recientemente fue construido, luego de varios años de reclamo.
El arroyo desemboca en el caudaloso río Corrientes, que divide los municipios de Yasy Cañy (Canindeyú) y Capiibary (San Pedro).
Según el funcionario de la Seam Julio Marecos el no contar con licencia ambiental para el dragado de cauces hídricos constituye una falta administrativa que puede desembocar en una multa que varía de acuerdo a la gravedad de los casos.
Explicó que las multas en los casos leves van de 50 a 300 jornales mínimos; en casos graves, de 301 a 10.000 jornales, y en casos gravísimos, de 10.001 a 20.000, según la Ley Nº 294/93 y la ley de recursos hídricos Nº 3239/2007, además de lo que el Ministerio Público puede imponer como pena.
No se pudo obtener la versión del agente fiscal Jorge Romero debido a que no atendió las reiteradas llamadas y mensajes de texto.
Tampoco se pudo identificar a la empresa que realiza la extracción de arena del arroyo mencionado, ya que los vecinos temen de una represalia si dan nombres de los responsables.
