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Nacional
lunes 21 de noviembre de 2016, 14:18

Fiscal pide juicio oral a empresario acusado de falsificar pagarés por USD 2,5 millones

La agente fiscal Denise Duarte pidió juicio oral y público contra un empresario, identificado como Spartagus Wanderley Lordani, brasileño de 41 años de edad, por producción de documentos no auténticos; lo acusa de haber falsificado dos pagarés por valor de 2,5 millones de dólares en perjuicio de la firma Tecnomyl SA.

Por Édgar Medina | Ciudad del Este

El ciudadano está procesado junto a Flavio Pereira Soares, de 37 años de edad, por el mismo hecho delictivo. Ambos son socios del Grupo Buen Futuro SA, cuya deuda habían abonado con los dos pagarés supuestamente falsificados con otra empresa del ramo de los agronegocios.

La denuncia revela que se habían utilizado documentos en blanco de un contrato de comodato que llevaba la media firma de uno de los directivos de Tecnomyl SA para fraguar dos pagarés con fecha del 10 de mayo del año 2015, a nombre de la firma afectada.

El abogado Marcos Rubén Fernández había denunciado que se percataron del hecho cuando el gerente de la empresa recibió una llamada telefónica de la firma Dekalpar SA, en la que le plantean una reunión para establecer la forma de pago de una deuda de USD 2,5 millones, cuyos pagarés habían sido entregados por los representantes del Grupo Buen Futuro SA como cesión de créditos para pagar una deuda.

En ese contexto, tras la verificación encontraron que el documento habría sido fraguado en dos hojas en blanco que habían entregado en un contrato de comodato con Buen Futuro SA, que no fue finiquitado, por lo que pidieron ante el Ministerio Público que se investigue el caso.

Una pericia realizada a los pagarés determinó que existían vestigios de adulteración en ambos documentos, lo que dio origen a la imputación fiscal que terminó con la acusación ante el Juzgado Penal de Garantías.

Los imputados presentaron supuestos contratos para justificar los pagarés en sus descargos en el proceso penal. Esos contratos también fueron presentados en un juicio civil de desalojo. Pero nuevamente los contratos fueron denunciados como supuestamente falsos y también son objeto de investigación por parte del Ministerio Público, según los antecedentes.