Nancy Méndez | CDE
El proceso penal se inició luego de una denuncia radicada por Francisco Ramón Peña. En el Ministerio Público existen otras denuncias en contra de la misma empresa y las estafas ya llegaron a aproximadamente G. 1.000 millones
El denunciante Francisco Peña declaró que el 26 de noviembre de 2015 había celebrado un contrato privado de construcción de vivienda con el ahora imputado, con certificación de firmas de la escribana Teresita Gill Peta. El acuerdo fue para la construcción de una vivienda familiar con una superficie de 119,50 metros cuadrados en el Área 2 de Ciudad del Este y cuya terminación debía concluir en 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.
El costo total de la construcción se acordó en USD 25.000 y la víctima llegó a pagar USD 21.500. Sin embargo, la constructora dejó abandonada la obra, que debió terminar en noviembre de 2015. A raíz de esto, en diciembre la víctima inició un juicio civil de rescisión de contrato, cobro de guaraníes e indemnización por daños y perjuicios.
No obstante, el sospechado se comprometió, nuevamente por escribanía, a concluir el trabajo en 2 meses. Pero luego pidió USD 4.500 a la víctima para proseguir con los trabajos, ocasionando un perjuicio patrimonial al denunciante, quien de esta manera perdió el ahorro de toda su vida, según declaró ante el Ministerio Público.
“Llegaron a un acuerdo con mi padre, él solo le pidió techar y pintar, pero ni eso hicieron, eran solo promesas sin cumplir. Con mi padre tienen dos contratos de compromiso, donde debía terminar la casa y hasta hoy nada. Levantó solo 4 paredes y dejó ahí. Ellos publican en el Facebook que hacen supuestamente la casa, le pones me gusta y ellos mismos te llaman”, afirmó Joni Peña, hijo de don Francisco.
Según la acusación penal, el modo de operar de la empresa Compañía Paraguaya de Construcción e Inmobiliaria, representada por Francisco Acevedo Bogarín, consiste en convencer a las víctimas a realizar obras de construcción, firmando contratos en algunos casos y en otros no, despojando a las víctimas de sumas de dinero sin concluir las obras.
La fiscala Carolina Rosa Gadea pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión para el imputado.
OTRAS DENUNCIAS. En la Fiscalía existen otras denuncias en contra de la misma empresa en varias unidades fiscales, incluso hay una desde el 2012, caratulada con la causa 9835 que obra en la Unidad 10, pero aún no hay imputación en esa causa. En la unidad de la fiscala Gadea están las causas 3966 y 10216. Mientras que en la Unidad 11 está la causa 8993/16.
La señora Estela Torres es una de las otras tantas denunciantes que afirma que sus padres fueron estafados por la suma de G. 150 millones con la promesa de que la empresa les construiría una loza, pero hasta ahora no se terminó la obra.
Nancy Rolón, por su parte, denunció que llegó a entregar G. 40 millones y que apenas le cavaron para el pozo, pero que ni siquiera el agua salió y que también empezaron la excavación alrededor del terreno para la muralla.
“Francisco y Nicolás Acevedo, padre e hijo, son unos bandidos, estafadores que aprovechándose de mi buena fe me robaron 70 millones, no quisiera que otras personas caigan en sus engaños, es una constructora fantasma. Supuesta firma CPCI, no tienen patente, utilizan un recibo con RUC unipersonal pues no tienen nota fiscal a nombre de CPCI, hasta ahora nada de mi casa y menos aún de mi plata que el 2 de mayo les entregue bajo supuesto contrato y recibos”, afirma Sandra González, otra de las afectadas.
Según Sandra, le habían prometido que para el 10 de agosto ya tendría las llaves en mano para habitar su casa. Ella afirma tener todas las pruebas irrefutables y que los denunciados se esconden, mienten, prometen, incluso se enojan cuando se les cobra. Ayer debían presentarse en la Fiscalía, pero no lo hicieron.
