EFE
En la sede diplomática se dieron cita unas 60 personas que, en su mayoría, declaró como testigos durante este largo juicio que investigó durante 16 años la coordinación entre las dictaduras militares del Cono Sur para cometer crímenes contra al menos 106 víctimas, entre las que hay 45 uruguayos.
Los aplausos más fuertes irrumpieron tras la lectura de la sentencia a Manuel Cordero, un exmilitar que formó parte del Servicio de Información de Defensa y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, único uruguayo procesado en esta causa, y que hoy fue condenado a 25 años de cárcel por “asociación ilícita”.
Las lágrimas asomaban y las manos se agarraban todavía más fuerte cuando el juez nombraba a alguno de los compatriotas víctimas de la represión durante la dictadura en Argentina (1976-1983).
Los testigos uruguayos que participaron de este proceso fueron invitados por el embajador de Argentina, Guillermo Montenegro, a quien esta causa le es muy familiar pues cuando era juez federal llevó adelante, durante cinco años, distintas etapas de este juicio.
“Es muy importante para Argentina, para Uruguay y para Suramérica cómo se encaró esta investigación de crímenes de lesa humanidad, cómo se compartió la investigación de la justicia de un lado y del otro”, afirmó Montenegro.
“Es muy importante sobre todo para saber la verdad, para aprender de los hechos históricos para que no vuelvan a suceder casos como este” prosiguió el embajador.
Montenegro destacó también la importancia de los testigos que “ayudan al juez a poder saber qué ocurrió”, puesto que “un proceso judicial es como ver una película” en la que los testimonios permiten recrear lo acontecido.
El diplomático subrayó la relevancia de la sentencia leída hoy para comprobar que “había un grupo de personas que manejaba el poder y había tomado la decisión de cometer delitos en forma conjunta”.
“La cooperación ilícita que hubo en ese momento (durante las dictaduras) y la posterior cooperación para entender cómo sucedió nos permiten hacer un mea culpa como países para que esto no ocurra nunca más” sentenció.
Beatriz Barbosa y Francisco Javier Peralta estaban exiliados en Argentina cuando fueron detenidos el 30 de setiembre de 1976 y llevados al centro clandestino de tortura “Automotores Orletti”. Hoy eran de los más emocionados en la embajada argentina durante la trasmisión en vivo.
“Es muy grande sentir los nombres de los compañeros, yo estoy ahora pero ellos no están y eso es muy fuerte porque muchos de los nombrados ahí eran compañeros nuestros”, explicó Barbosa emocionada. Otra de las uruguayas que estuvo detenida en Orletti es María del Carmen Martínez, quien en ese centro de detención perdió la pista de su compañero José Hugo Méndez -aún desaparecido- y cuyo nombre resonó varias veces durante la sentencia.
“Yo no puedo decir que pueda alegrarme porque hubiera preferido que no pasara (...) pero te reconforta que exista al final justicia y que los tipos por lo menos tengan que tener su condena y su juicio ante de la sociedad por los hechos que cometieron”, afirmó Martínez.
Ambas mujeres coincidieron en señalar también que el día de hoy tuvo algo de “contradictorio” puesto que consideran “fundamental, por justicia por verdad y contra toda impunidad” el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Argentina pero, al mismo tiempo, consideran que en Uruguay “se está haciendo lo contrario”.
Martínez y Barbosa denunciaron la falta de “voluntad política” para juzgar a los exmilitares involucrados en las violaciones de derechos humanos en Uruguay.
“El tema son las generaciones que vienen, no queremos que vuelvan a vivir lo que vivimos, y la única manera de que eso no vuelva a pasar es que hoy haya verdad y justicia” sentenció Barbosa.
Tras 16 años de tramitar el primer proceso en Latinoamérica que investiga los crímenes cometidos de forma coordinada durante las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, un tribunal de Buenos Aires fijó hoy penas para 15 de los 17 acusados, todos argentinos salvo un uruguayo, por asociación ilícita.
