La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizó un estudio para medir la coima a nivel internacional. El estudio se titula Informe de la OCDE sobre el soborno internacional; estará disponible como libro y se lo encuentra en internet. ¿Qué dice? Que, cuando más grandes son las empresas multinacionales, más coimas pagan. El importe puede llegar al 10,9% de las operaciones; las que más pagan a los funcionarios públicos son las empresas petroleras.
Debe señalarse que la OCDE es una institución más bien conservadora. Por eso mismo, lo que dice debe ser una llamada de atención para quienes quieren salvar al Paraguay atrayendo a las multinacionales. Para atraerlas se aprobó la Ley de Alianza Público-Privada (APP), que les concede demasiados derechos. El artículo 41 de esa ley permite a las empresas resolver sus controversias con el Gobierno recurriendo al arbitraje internacional. En teoría, eso no tiene nada de malo, pero en la práctica lo tiene, porque esos arbitrajes pueden favorecer indebidamente a las empresas, según ha comentado una publicación conservadora como The Economist (The Arbitration Game, 11/10/2014).
The Economist lamenta que los tribunales arbitrales estén integrados por abogados relacionados con los círculos empresariales, que cobran entre 600 y 700 dólares por hora y que no los cobran si no trabajan, por lo cual no tienen mayor interés en rechazar reclamaciones ni en acortar los procedimientos. Los procedimientos son secretos y los fallos, inapelables.
Las empresas pueden demandar a un Gobierno cada vez que ven disminuir sus ganancias, aunque las medidas gubernamentales sean razonables. A causa del desastre del reactor nuclear de Fukushima, el Gobierno alemán decidió prescindir de las centrales nucleares gradualmente. La empresa Vettenfall, que tenía una, lo demandó por 4.700 millones de dólares. La firma petrolera Occidental, porque Ecuador no le renovó un contrato, lo demandó y le ganó: una decisión arbitral condenó al país a pagar 2.300 millones de dólares como indemnización. Todavía no se han resuelto los pedidos de indemnización de la Philip Morris contra Uruguay y Australia por haber dictado leyes para reducir el tabaquismo.
No necesito decir que no se puede castigar a un Gobierno por tomar medidas que protejan la salud y el medio ambiente. Por otra parte, eso de que los capitales no van a venir si no se les conceden todos los derechos es un cuento. El Brasil es el país sudamericano que más capitales ha captado, pero sin renunciar a la jurisdicción de sus tribunales nacionales. Las instancias internacionales no son ninguna garantía de imparcialidad. En todas partes se cuecen habas, y no se justifica la renuncia a la soberanía nacional a cambio de algo que no es mejor. En rigor, algo que puede ser mucho peor si no se pone fin a esa mala tendencia de privatizar la Justicia a nivel internacional.
