El presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, dispuso este viernes que, a raíz de las publicaciones periodísticas que señalan presuntas actuaciones irregulares en la remisión de expedientes sobre el remate judicial de la casa de la víctima, a cargo de la magistrada Victoriana Cáceres, se remitan los antecedentes a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional.
Ordenó, además, la remisión de actuaciones, presuntamente irregulares, del abogado Osvaldo Sosa sean remitidos a la oficina disciplinaría de la Superintendencia General de Justicia.
Esto, a los efectos de que se realice una auditoría de reacción inmediata de la causa, de modo a que exista una conclusión preliminar en el menor tiempo posible.
La mujer iba, supuestamente, a trabajar de empleada doméstica, pero al llegar a España una persona se encargó de recibirla y luego la despojó de su pasaporte, para luego trasladarla hasta los prostíbulos.
Sosa es representante de Ángel Flecha Barrios, con orden de captura por trata de personas, con quien trabajaba para cobrar los pagarés de las víctimas por la financiación del viaje.
La jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Ciudad del Este, Victoriana Cáceres, dispuso en diciembre de 2016 el remate judicial del inmueble de la víctima de explotación, a raíz de que el abogado Osvaldo Sosa le había hecho firmar un pagaré por USD 4.200.
La fiscala Teresa Martínez indicó que el abogado fue imputado por obtención de beneficios económicos y mencionó a la magistrada que la firma del pagaré se hizo bajo engaño; de igual manera se procedió a la ejecución. Entonces, se planteó una nulidad de dicha decisión, que está pendiente de resolución hace un año.
