García salió al paso de las declaraciones del diputado Pedro Alliana, quien había dicho que existe una supuesta resistencia por parte de Municipalidades y Gobernaciones para las verificaciones efectuadas por la Contraloría General de la República.
El contralor alegó que es “muy denotativo” el valor que se da a la institucionalidad, para plantear como un argumento de destitución lo expuesto por las autoridades municipales.
“Son cuestiones constitucionales y misiones establecidas en el orden jurídico, que no dependen de ninguna voluntad monárquica ni caudillista”, refirió en comunicación con radio Monumental.
En la ocasión, el contralor argumentó que el caso de Ivesur “no pega ni con engrudo” para un juicio político debido a que no guarda vinculación con su cargo actual.
García explicó que la rendición de cuentas de las instituciones públicas tiene periodos cuatrimestrales de presentación de planillas de documentos. El procedimiento consiste en una verificación preliminar, que autoriza que el Ministerio de Hacienda realice los desembolsos correspondientes.
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“Esa presentación, a veces, puede instrumentar una actividad de control, de auditoría financiera o alguna otra clase de auditoría de cumplimiento”, detalló. Asimismo, aseguró que el causal del juicio político está soslayando el cumplimento de la ley.
Antecedentes
Enrique García es investigado por irregularidades en su gestión anterior como asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción; además, está imputado por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso dentro del conflicto entre Ivesur y la Comuna capitalina.
La Junta Directiva de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) había solicitado la renuncia del contralor, argumentando que no reúne la confianza para auditar los municipios del país.
Asimismo, los diputados colorados oficializaron la presentación del libelo acusatorio contra el actual contralor, iniciando así el proceso de juicio político.
El documento contó con la firma de 23 legisladores colorados y fue presentado este lunes en mesa de entrada por el titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana, y el líder de la bancada, Clemente Barrios.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados resolvió, este martes, dictaminar a favor del inicio del juicio político, que podría ser tratado en la sesión ordinaria de este miércoles.
Estos son los causales del pedido de juicio político
La asignación irregular de viáticos: La autoasignación de viáticos pagados de más de un viaje a la ciudad de Madrid, España.
La contratación irregular de consultoría: La contratación de un servicio de consultoría de su directora de gabinete, Norma María Martínez, por un monto de G. 108 millones, para la elaboración de un manual de funciones en el que la misma realizó una sola modificación al manual existente.
La concesión indebida de privilegios: El contralor privilegió a sus allegados con nombramientos de rubros obtenidos por una ampliación presupuestaria que debía ser destinada a otros funcionarios.
El tráfico de influencia: Pudo constatarse a través de los audios filtrados del ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Raúl Fernández Lippmann; la conversación fue entre el ex secretario y el senador Adolfo Ferreiro.
