La mujer fue imputada por procesamiento ilícito de desechos y violación a la Ley 716, que sanciona delitos contra el medio ambiente.
El local se encuentra con actividades suspendidas, por orden del juez Gustavo Bóveda, como consecuencia del daño ambiental causado por el vertido de sangre de los animales vacunos sacrificados, en el arroyo San Lorenzo, confluente del lago Ypacaraí.
El procesamiento ilícito de desechos, previsto en el artículo 200 del Código Penal, se sanciona con pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa.
El caso llegó a la fiscalía a raíz de la denuncia de la Comisión Vecinal San Juan Bautista.
