EFE
Por unanimidad, los 545 chavistas que forman la Constituyente aprobaron un decreto para “iniciar conjuntamente con los órganos del Estado competentes un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano”.
Además, el decreto declara “como traidores a la patria a los actores políticos nacionales de marcado carácter antivenezolano que han promovido la agresión económica y la intervención contra la República Bolivariana de Venezuela”.
El texto fue leído al término de la sesión de hoy por el hombre fuerte de la Constituyente, el exministro y vicepresidente primero del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello.
Entre las motivaciones del decreto, Cabello cita que la oposición, agrupada en la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “ha trabajado de manera sostenida para lograr” las sanciones de Estados Unidos.
El dirigente chavista recordó que la MUD emitió este domingo un comunicado en el que respalda las sanciones dictadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, contra el Gobierno de Nicolás Maduro y responsabiliza al jefe del Estado venezolano del aislamiento internacional y la crisis humanitaria que vive Venezuela.
Asimismo, el decreto condena el “bloqueo financiero del Gobierno de Estados Unidos de América contra el pueblo venezolano”, y denuncia un supuesto plan de Washington que cuenta con la complicidad de Gobiernos de la región para crear una situación de emergencia humanitaria y justificar una intervención militar en Venezuela.
Trump firmó el pasado viernes una orden ejecutiva en la que prohíbe las “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal”, en las primeras sanciones al sistema financiero venezolano.
Las medidas -que pretenden evitar que Maduro se valga del sistema financiero estadounidense para lo que denuncia como un proceso para instalar una dictadura en el país a través de la Constituyente- prohíbe además las “negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela”.
