Marciano Candia | Pedro Juan Caballero
Por ese motivo, desde hace algunos días los pobladores de cuatro barrios cercanos a la cárcel se están manifestando para evitar que el Ministerio de Justicia concrete la colocación del alcantarillado sanitario.
Los pobladores utilizan el arroyo para proveerse de agua y en caso de continuar la obra ya no servirá para el uso humano.
Lourdes Cano, presidenta de la comisión de vecinos de Romero Cue, uno de los barrios afectados, dijo que de ninguna manera van a aceptar que continúen la obra.
“Es una de las pocas nacientes que aún no está contaminada y que estamos utilizando para beber agua, en nuestro barrio no se puede cavar pozos porque estamos sobre una pendiente, entonces el único lugar de donde podemos traer agua es del arroyo, y si se van los desechos sin el tratamiento no tenemos nosotros lugar de donde extraer agua”, dijo.
Por su parte, el concejal José Ivo Lezcano, uno de los pocos miembros de la Junta Municipal que estuvieron en la manifestación de este jueves, dijo que ya habían sentado postura institucional sobre el tema con una resolución en la Junta y que no están de acuerdo con que los desechos lleguen hasta el arroyo.
“La cárcel tiene capacidad para tratar sus desechos dentro mismo de su patio, ahí se pueden hacer los estanques y ahí mismo solucionar el inconveniente”, dijo
La Penitenciaría Regional de PJC se encuentra asentada sobre un terreno de 10 hectáreas, actualmente los trabajos previos se están realizando dentro de la institución penal con la complicidad de la Gobernación del Amambay y de la Fiscalía del Medio Ambiente, que no hacen casi nada para evitar que los desechos lleguen hasta el arroyo. Los vecinos piden al Ministerio de Justicia que el tratamiento cloacal se realice dentro del predio.
