Tras una denuncia publicada ayer en la portada de este diario, evidenciando que varias calles y veredas en los alrededores del Palacio de Gobierno permanecían arbitrariamente clausuradas “por orden superior” desde hacía 12 días, se procedió al retiro de las vallas de metal que bloqueaban el paso de la avenida El Paraguayo Independiente, desde la calle 15 de Agosto hasta Montevideo, así como las calles O’leary y Ayolas, desde su intersección con Benjamín Constant.
El cierre de las calles que rodean al histórico Palacio de López ocurre cada vez con mayor frecuencia, principalmente cuando se registran manifestaciones de protesta por parte de grupos sociales y políticos en el microcentro capitalino. En este último caso, el bloqueo se inició el pasado 25 de enero, cuando arribó hasta la capital un reducido grupo de ciudadanos que acompañaban al abogado Paraguayo Cubas y al concejal municipal de Ciudad del Este, Celso Kelembu Miranda, quienes llegaron a Asunción con intenciones de realizar manifestaciones de protesta contra el Gobierno y el Poder Judicial.
El Poder Ejecutivo cuenta con las atribuciones necesarias para accionar mecanismos de seguridad ante algún tipo de amenaza que pueda poner en riesgo al presidente y a su entorno, pero estas restricciones no deberían durar por tanto tiempo, afectando el constitucional derecho al libre tránsito de los ciudadanos, principalmente en un sector como el centro histórico de Asunción que cuenta con calles muy estrechas, casi siempre colapsadas por el tráfico automotor, sin vías alternativas de escape.
El esquema de seguridad presidencial cuenta con suficientes efectivos policiales y militares, así como vehículos y elementos disuasivos, que pueden accionarse cuando se considere necesario bloquear el paso hasta instalaciones gubernativas, pero dichas acciones deben estar estrictamente ajustadas a lo que disponen la Constitución y las leyes, y solo deben durar el tiempo necesario hasta que se desactive la amenaza.
En el Paraguay existen demasiadas prácticas represivas que se han heredado de la época de la dictadura stronista, cuando el entonces ministro de Educación, Carlos Ortiz Ramírez, lanzó su célebre frase “la calle es de la policía”, para justificar el ataque contra manifestantes ciudadanos que exigían el respeto a los derechos humanos.
En un sistema democrático, la calle es de la ciudadanía y las autoridades deben garantizar el libre tránsito, especialmente en zonas como las que ocupa el actual Palacio de López, que además de ser la sede gubernativa, tiene un interés histórico y cultural. Cerrar calles y bloquear el paso, aparte de resultar poco efectivo para evitar el reclamo popular, solo provoca más irritación y aumenta la imagen dictatorial del Gobierno.
