EFE
Los familiares de Leguizamón presentaron ante la CIDH una denuncia por violación del derecho a la vida, a la libertad de expresión y a las garantías y protección judiciales, que fue aceptada por ese ente de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó este lunes el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).
El caso, considerado el primer asesinato de un periodista en Paraguay en democracia, permanece impune más de 25 años después de los hechos y no se ha concluido una investigación que esclarezca el asesinato, por lo que la CIDH considera que existen indicios de violaciones a los derechos humanos de Leguizamón y de su familia.
La CIDH estudiará a fondo el caso y la posible responsabilidad del Estado en el asesinato del periodista, según un comunicado del SPP.
Los demandantes expresaron que “existen indicios que apuntan a la responsabilidad intelectual por parte de empresarios locales y del presidente de la República de la época, Andrés Rodríguez (fallecido en 1997)” en el asesinato de Leguizamón.
Además, agregan que la investigación de los hechos “no fue conducida con la debida diligencia”, los familiares no pudieron participar en el proceso penal por razones de seguridad y a la fecha el crimen permanece “en la total impunidad”.
El Estado paraguayo, por su parte, alega que los hechos denunciados no son violaciones de los derechos humanos y que ningún agente del Estado se encuentra acusado de estar involucrado en el asesinato del periodista.
También niega que las autoridades realizaran acciones para impedir el trabajo de Leguizamón y puntualiza que ha investigado el homicidio de oficio y procesado a los sospechosos “hasta los límites de su jurisdicción”.
Si la CIDH considera que el Estado paraguayo cometió violaciones de derechos humanos en el caso de Leguizamón, recomendará al Gobierno de Paraguay que aplique medidas de no impunidad, reparatorias (indemnizaciones o reconocimiento público de responsabilidades), de no repetición y políticas públicas de protección a los periodistas.
En caso de que el Estado no cumpla con estas medidas, la causa se derivará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), encargada de dictar sentencias que condenan o absuelven a los Estados y que son de obligado cumplimiento.
Un total de 17 periodistas han sido asesinados en Paraguay desde 1991, el 40 % de ellos entre febrero de 2013 y junio de 2015, destacó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su último informe, publicado a mediados de abril.
La SIP advirtió del peligro del trabajo de los periodistas paraguayos en las zonas fronterizas con Brasil y Argentina, donde las organizaciones ligadas al narcotráfico “han permeado las instituciones políticas”.
El próximo miércoles se celebrará en el Congreso paraguayo una audiencia pública para discutir un anteproyecto de ley sobre la libertad de expresión y la protección a periodistas y trabajadores de la prensa.
