Benítez Riera ordenó la auditoría inmediata luego de que la ex contralora recusara al juez Alcides Corberta y, por ende, se suspendiera por tercera vez la audiencia preliminar para ella, el ex contralor Óscar Rubén Velázquez y otros 12 procesados.
La preliminar debía hacerse el lunes, pero Torreblanca cambió a su abogado Federico Torres por el ex juez Jorge Bogarín González, con quien Corbeta tiene causales de inhibición.
Con ello, el magistrado no le reconoció la personería al defensor, ya que no era el primer abogado. Torreblanca planteó recurso de reposición, pero después recusó al juez por “falta de objetividad del magistrado”.
El juzgador no tuvo otra alternativa que suspender la diligencia y elevar un informe al Tribunal de Apelación.
Este miércoles se publicó que el titular de la Corte remitió los antecedentes del caso a la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional a los efectos de la realización de una auditoría de reacción inmediata.
La acusación fiscal habla de que funcionarios de la Contraloría recibían pagos irregulares que ocasionaron un perjuicio de G. 1.121.319.953 a la institución.
