Los labriegos se reunieron este miércoles con representantes del Gobierno, del Parlamento y de la FAO; se coordinaron acciones técnicas con la colaboración del organismo internacional.
Jorge Galeano, representante del sector campesino, dijo que desde el lunes arrancarán los trabajos conjuntos. “Uno de los temas abordados es la preocupación de la prolongación sin que se avance en la aplicación de la Ley de Emergencia”, dijo.
Marcos Medina, ministro de Agricultura, señaló que la disponibilidad para entrega de kits de alimentos es para 60.000 familias. Indicó que de ser necesario se pueden pedir más recursos.
Se espera que para el próximo viernes se tenga la lista consensuada de beneficiarios tras una nueva revisión, lo que permitirá que se aplique la Ley de Emergencia para la agricultura familiar vigente.
Los dirigentes campesinos reclaman el cumplimiento de dicha ley y piden menos palabras y más acción al Gobierno con relación a este tema.
La ley promulgada contempla que, mediante la declaración de emergencia, se atiendan los problemas de asistencia técnica y crediticia, de acceso a servicios básicos, vivienda y tierra para las familias que se dedican a la agricultura familiar campesina en todo el territorio nacional, en un plazo de 180 días.
De una lista de 62.000 campesinos afectados, el MAG redujo el número a 52.000, luego a 44.000 y finalmente a 18.000.
La justificación de la institución para excluir a tantas personas fue que no figuraban en el Registro Nacional de Beneficiarios (Renabe).
Sin embargo, los campesinos aseguran que varios de sus asociados que están en el Renabe fueron excluidos.
Las movilizaciones comenzaron esta semana en varios puntos del país, sin embargo, en Asunción los campesinos se concentraron en la Plaza Uruguaya a la espera de un diálogo y bajo la advertencia de nuevas movilizaciones por las calles capitalinas.
Este miércoles, finalmente, decidieron levantar la medida de fuerza tras el principio de acuerdo.
