EFE
La Fiscalía también solicitó la pena de 13 años de prisión para el ex juez Juan José Galeano, quien tuvo a su cargo la primera etapa de la investigación del atentado terrorista, en el que murieron 85 personas.
Asimismo, requirió 8 años de cárcel para los ex fiscales Eamón Mullen y José Barvacchia, quienes intervinieron en el caso, y un año de prisión para Rubén Beraja, ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA, brazo político de la comunidad judía local).
El atentado contra la mutualista judía sigue impune y tiene dos causas judiciales por presunto encubrimiento.
En la primera de ellas, iniciada en 2005, está acusado, entre otros, Menem, que actualmente tiene fuero parlamentario porque ocupa una banca en el Senado.
En esta causa están en el foco numerosas irregularidades detectadas en el primer juicio abierto por el atentado, que concluyó con la declaración de nulidad de toda la investigación y la absolución de los policías imputados.
En el juicio oral que lleva ya algo más de dos años se ventilaron, por un lado, el pago a Carlos Telleldín para que diera una declaración falsa ante la Justicia y, por otro, el abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem.
“Tenemos acreditado que la familia presidencial (de Menem) le hacía favores a la familia Kanoore Edul”, sostuvo uno de los integrantes de la Fiscalía AMIA, Miguel Yivoff.
Por su parte, el también fiscal Roberto Salum aseveró que “todos los hechos imputados se produjeron durante la instrucción e impactaron en la investigación del atentado”.
Al ex presidente Menem la Fiscalía lo acusó de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento” y pidió que se le condene a cuatro años de prisión e inhabilitación por ocho años para cargos públicos.
Para la Fiscalía, “Carlos Saúl Menem determinó a Juan José Galeano, a través de su hermano Munir Menem, abandonar la investigación en la causa sobre Kanoore Edul”.
Tradicionalmente, la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá la planificación del ataque, que fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel, que también sigue sin esclarecer.
La otra causa abierta por presunto encubrimiento fue abierta a partir de una denuncia del fiscal Alberto Nisman, quien tenía a su cargo la investigación del caso AMIA y quien, pocos días antes de ser encontrado muerto, denunció a la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado.
En el marco de esta última causa, la Cámara Federal ratificó hoy el procesamiento de Cristina Fernández, quien también cuenta con la protección de los fueros porque acaba de asumir este mes una banca en el Senado.
La Justicia ha pedido al Parlamento que quite los fueros a la ex mandataria, tras haberle dictado la prisión preventiva.
El tribunal también ratificó los procesamientos y la prisión preventiva del ex canciller argentino Héctor Timerman y otros imputados en este caso.
En esta causa por presunto encubrimiento el eje es un acuerdo firmado entre Argentina e Irán en 2013 que, según el entonces Gobierno de Fernández, buscaba lograr avances en la investigación del atentado contra la AMIA, pero que, según Nisman, su objetivo último era encubrir a los iraníes acusados por el ataque.
