EFE
“La falta de acceso de mujeres y niñas a servicios de salud sexual y reproductivos, y ciertas restricciones impuestas a sus derechos sexuales y reproductivos, son formas de violencia del Estado contra las mujeres, en algunos casos constitutivas de tortura”, señaló la investigadora en derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional para América, Fernanda Doz Costa, en un comunicado.
La organización que trabaja para la defensa de los derechos humanos ha documentado distintos casos en los que las mujeres han sido víctimas de legislaciones restrictivas sobre el aborto en países tales como Paraguay, Argentina, Chile y Perú.
Asimismo, ha denunciado la imposición de maternidades forzadas a mujeres y niñas víctimas de abusos sexuales o también casos de esterilizaciones forzadas.
Amnistía Internacional presentó este martes una audiencia temática sobre “Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres en América del Sur”, en el marco del 158° Periodo de Sesiones Extraordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrado en Santiago de Chile.
“El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se convierte en una lotería que depende de la posición o voluntad del profesional de la salud que la atiende o de su capacidad adquisitiva”, aseveró Doz Costa.
Para Amnistía, el Estado no solo tolera esta situación, sino que la “promueve a través de legislaciones discriminatorias” como la prohibición total del aborto en Chile, con lo cual “se convierte en un reproductor de la violencia en contra de las mujeres y niñas”.
Por ello, “es esencial que el Sistema Interamericano genere guías que den una orientación clara a los Estados sobre cómo prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la tortura u otros malos tratos en los ámbitos de salud sexual y reproductiva”, concluyó Doz Costa.
