EFE
La absolución en el último proceso existente en contra del ex mandatario se fundamentó en una absoluta “falta de pruebas”, según argumentó la magistrada Carmen Lucia Antunes, quien actuó como instructora del caso y fue respaldada en forma unánime por los otros miembros del Tribunal Supremo, aunque dos de ellos aclararon que lo hacían porque los cargos ya habían prescrito.
“Las acusaciones son frágiles” y “hacen imposible una condena”, que debería apoyarse en “certezas” y “no en meras probabilidades”, afirmó Antunes al hacer su exposición sobre el caso.
Collor de Mello fue elegido presidente de Brasil en 1989, cuando derrotó a Luiz Inácio Lula da Silva en los que fueron los primeros comicios directos celebrados en el país tras una dictadura que se prolongó 21 años, entre 1964 y 1985.
Asumió el poder en marzo de 1990, pero en octubre de 1992 se vio obligado a renunciar, en momentos en que el Congreso, que se había volcado en su contra en medio de un sonoro escándalo de corrupción, se aprestaba a votar en favor de su destitución.
El Parlamento, sin embargo, le privó de sus derechos políticos por un período de ocho años, pese a que en 1994 fue absuelto por el mismo Tribunal Supremo de unos primeros cargos de corrupción, que estaban relacionados con la recaudación de fondos para su campaña.
No obstante, desde entonces quedaron pendientes otros cargos de malversación, falsedad documental y corrupción pasiva, por los que fue absuelto hoy y que estaban relacionados con supuestos desvíos de dinero público ocurridos durante el tiempo que permaneció en el poder.
Collor de Mello volvió a la política en 2002, cuando se presentó sin éxito como candidato a gobernador de su estado natal de Alagoas.
Cuatro años más tarde fue elegido senador por ese mismo estado y desde entonces ocupa un escaño en la Cámara alta en representación del Partido Laborista Brasileño (PTB, por sus siglas en portugués), al que se afilió en 2008.
