Hoy concluirá un proceso de tres días organizado por la jueza federal Loretta Preska para definir los daños económicos que el Estado argentino debe pagar a la firma Burford Capital y al fondo estadounidense Eton Park.
En marzo, Preska ya falló contra Argentina en este caso, pero dejó pendiente determinar el monto que deberá pagar.
Los demandantes reclaman alrededor de USD 16.000 millones, mientras que –según documentos judiciales– Argentina admite que, incluso si se impone su criterio en este proceso, tendría que abonar casi USD 5.000 millones.
Así, en el memorando que presentó previo al inicio del juicio, el Estado argentino destaca que están en juego “más de USD 11.000 millones”.
Para determinar el monto final hay dos factores clave: Primero, definir la fecha exacta en la que Argentina se hizo con el control de YPF y, segundo, los intereses a pagar.
En el primer caso, los demandantes consideran que eso ocurrió el 16 de abril de 2012, mientras que el país dice que, como muy pronto, se dio el 7 de mayo de ese año, cuando entró en vigor una ley que le permitió expropiar a la española Repsol el 51% de las acciones en YPF. En el segundo, la demanda reclama una tasa de interés de entre el 6% y el 8% y Argentina pide que no se exija el pago de interés o que se aplique un tipo mucho más bajo. Por ahora, se desconoce cuándo la jueza puede dictar sentencia, pero lo habitual es que en este tipo de casos esa decisión no sea inmediata y se demore al menos un tiempo tras haber escuchado a las partes. El caso se inició en 2015, cuando Burford Capital, firma que financia litigios, impulsó la demanda tras adquirir derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España. EFE
