A escasos meses de elegir un nuevo gobierno y a 28 años de vida democrática del país, autoridades de varias instituciones del Estado reconocen que en el Paraguay no hay una base de datos sobre casos de violencia hacia la mujer.
No existe un banco de datos que centralice información de los casos y permita contar con estadísticas reales que sirvan de insumo para trazar una política de Estado al respecto.
La ministra de la Mujer dice que, no obstante esto, más mujeres denuncian, el problema se visibiliza, existe mayor conciencia social sobre este drama y “hay mayor compromiso”.
Si debieron transcurrir casi 3 décadas para que las empresas e instituciones públicas contemplen una sala de lactancia, se haya extendido a 18 semanas (126 días) el permiso por maternidad, y se disponga de un día libre por año para realizar los estudios ginecológicos es porque la igualdad de género no ha sido una preocupación de los partidos políticos ni de los gobiernos.
Los procesos para transformar una realidad atávicamente injusta, inequitativa y demasiado adversa para las mujeres son demasiado lentos o se ven ralentizados por la propia inacción e indiferencia de aquellos que han tenido en sus manos la potestad de impulsarlos y concretarlos.
Entre ellas, las mujeres que actúan en política y que han ocupado y ocupan cargos en las instancias del Gobierno desde donde, si fuera esta una prioridad, podrían haber hecho mucho más a favor de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y, sobre todo, para atacar las profundas injusticias sociales que tienen a la mujer y a los niños entre sus principales víctimas.
Suena tan desalentador llegar a esta altura de la historia del país y que las propias autoridades reconozcan que ni siquiera se cuenta con una base datos de los casos de violencia contra la mujer, justo cuando más compatriotas se animan a denunciar, y buscan ayuda efectiva. Han habido avances en la legislación, es cierto, mas no en la política educativa que ayude a desmontar el exacerbado machismo del que está impregnada la sociedad paraguaya, o para generar conciencia sobre la situación.
Tampoco se adoptaron ni sostuvieron en el tiempo acciones para que más mujeres comprometidas con el país lideren los procesos, se capaciten, accedan a los cargos por sus méritos, y desde ahí que trabajen para cambiar.
Son contadas las ministras, legisladoras, magistradas, catedráticas que honraron el cargo y se esforzaron por introducir los avances en la legislación y en los planes y programas de gobierno destinados a dar cumplimiento a los derechos humanos de las mujeres. El resto no ha puesto empeño alguno, que defraudan. Muchas de las que llegan a los puestos de decisión se desentienden de la responsabilidad de trabajar por mejores cuadros de relevo y se divorcian de las bases. Ni qué decir de la agenda a favor de las congéneres, lo que es igual a mantener el país en el atraso.
